En medio de la controversia que se ha generado por el anuncio del Ministerio de Transporte del cobro de una tarifa diferencial en el peaje Papiros para las categorías 1 y 2 a partir del primero de agosto, una acción popular fue presentada por la Procuraduría General de la Nación en busca de la adopción de medidas para evitar mayores afectaciones a la comunidad atlanticense.
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EL HERALDO tuvo acceso al documento que fue presentado por el Ministerio Público para proteger los “derechos e intereses colectivos” y que deberá ser analizado por el magistrado Óscar Wilches Donado, del Tribunal Administrativo del Atlántico.
El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Puerto Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Concesión Ruta Costera y la firma MAB Ingeniería de Valor (en su calidad de interventor) corresponden a las entidades demandadas.
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A través de este recurso se pretende que se les ordene que resuelvan “de manera integral y permanente” la problemática derivada del funcionamiento del peaje, así como adopten las decisiones necesarias para su desmonte.
Asimismo, la acción popular pretende que se garantice el equilibrio financiero del contrato de concesión para así evitar futuras afectaciones al patrimonio público. Otra de las pretensiones corresponde a la reubicación de la báscula de pesaje a un lugar donde no afecte el tránsito de vehículos, bicicletas y peatones.
