Una reunión entre los alcaldes de los municipios del Atlántico y representantes de la empresa Air-e se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en la sede de la Gobernación del Atlántico.
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Durante el encuentro se analizaron las medidas que ha adoptado la compañía de energía ante los bajos índices de recaudo, que contemplan suspensiones del servicio por 6 horas diarias. Los mandatarios se mostraron inconformes con los planteamientos de la compañía y expresaron su preocupación por las alteraciones al orden público que podría generar la medida.
Fabián Bonett, alcalde de Galapa, aseguró que esta es una medida “lesiva” y que todos los alcaldes han expresado su rechazo a los posibles daños colaterales que podría generar en los municipios.
“Nosotros somos los que tenemos a cargo el orden público, junto con la Policía, y sabemos que estos barrios obviamente salen a hacer bloqueos y a protestar. Le hemos pedido a Air-e que busque otras medidas para el recaudo, porque sabemos que no lo están recibiendo”, explicó.
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El mandatario indicó que están siendo objeto de “presiones” por parte de la compañía para firmar acuerdos como deudores solidarios: “Las finanzas de los municipios no nos permiten asumir esas deudas. En el caso de Galapa, son $50 mil millones y en el momento no tenemos condiciones para pagarlos”.
Hizo un llamado al Gobierno nacional para que adopte acciones que permitan atender esta situación.
“Les pedimos que sean empáticos y se coloquen en los zapatos de las comunidades. No hemos llegado a ningún acuerdo, porque se van a mantener las suspensiones y racionamientos hasta que no haya una conciliación de pago”, agregó.
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Ameth Juan Hanna, alcalde de Luruaco, mencionó que el municipio fue de los primeros en ser afectados por la medida y actualmente existe “frustración” debido a que no se ha posibilitado un acuerdo que beneficie a la comunidad.
“Debo reconocer que la comunidad de Luruaco tiene muy mala cultura de pago, por diversos factores. Hemos pedido que adopten medidas diferenciales para el cobro de energía, para que cada usuario asuma la responsabilidad de su consumo, pero la situación es insostenible por las altas tarifas que existen”, expuso.
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Expuso que varias manifestaciones se han registrado durante los últimos días en el municipio a causa de esta situación: “Cualquier responsabilidad de lo que ocurra en Luruaco recae sobre esta empresa. Yo garantizo el orden público hasta cuando la fuerza pública lo garantice, de ahí en adelante no puedo hacer nada”.
A su turno, Vanessa Torres, alcaldesa de Campo de la Cruz, indicó que es un panorama “complejo” debido a las afectaciones que habrá para el sector comercial y la salud de algunas personas en esta zona del departamento.
“Nos parece bastante preocupante esta situación y estamos alzando la voz como alcaldes porque desde nuestra administración no podemos asumir una deuda que no es nuestra”, recalcó.
