El próximo miércoles, los alcaldes de los municipios del Atlántico se trasladarán hasta Bogotá para alzar la voz debido a un nuevo capítulo de la crisis energética en la región Caribe. Durante la última semana, la empresa Air-e puso en marcha la medida de cortes diarios de energía por los bajos índices de recaudo, lo que desencadenó en una serie de protestas en el departamento.
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Aunque la medida se encuentra suspendida hasta el próximo 5 de agosto, los mandatarios han expresado –en varios escenarios– la imposibilidad de suscribir los acuerdos solicitados por la compañía para evitar su reanudación. Dichos convenios corresponden a que las administraciones locales asuman parte de la deuda de los barrios subnormales y zonas de difícil gestión.
Los mandatarios han contemplado la socialización de esta problemática ante el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Congreso.
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En diálogo con EL HERALDO, varios alcaldes del departamento se refirieron a los planteamientos que harán durante dichos encuentros en la capital del país. Sin duda, un paso clave para avanzar en la adopción de una solución estructural a esta problemática y así evitar futuras afectaciones en el orden público y el suministro de agua potable, entre otros aspectos.
Óscar Avilés, alcalde de Polonuevo, aseguró que el Gobierno nacional tiene que tomar las riendas de esta situación y adelantar una negociación con Air-e con relación a las deudas vigentes de los barrios subnormales y las zonas de difícil gestión.
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“Esto puede terminar en un estallido social. Nuestro sentir es que la empresa Air-e quiere poner a la comunidad en nuestra contra, al querer obligarnos a pagar la factura de las personas que no les pagan. Esa no es la solución. Los alcaldes de turno no tenemos la potestad para usar el recurso público de esa manera y por eso no podemos firmar los acuerdos que han propuesto”, expuso el mandatario local.
Indicó que ha sido puntual con el pago del servicio de energía, pero que se ha podido detectar una alta deuda por parte de la ESE Centro de Salud de Polonuevo: “Hemos adelantado una mesa de trabajo para que haya un acuerdo de pago”.
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Además, Avilés recalcó que se ha sumado a esta cruzada debido a que los cortes de energía pondrían en riesgo el suministro de agua potable para el municipio, en el sentido de que la planta de tratamiento se encuentra en una de las zonas referenciadas por la compañía por bajo recaudo.
A su turno, el alcalde de Galapa, Fabián Bonett, cuestionó la posición de la empresa Air-e debido a que busca que asuman responsabilidades de “deudas impagables” a través de convenios. Si bien recalcó que se deben proteger los derechos de la comunidad, esto se debe hacer a través de “soluciones justas y equitativas”.
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Por eso indicó que ha solicitado una audiencia con el presidente Gustavo para abordar “problemáticas” como el servicio de energía eléctrica en el municipio: “Este servicio ha presentado serias deficiencias que afectan la calidad de vida de nuestros habitantes y el desarrollo económico de la región”.
Puso de presente que la falta de energía ha afectado “gravemente” el bienestar y la dignidad de nuestra comunidad más vulnerable. En ese sentido, recalcó que “aunque Air-e es una empresa privada, presta un servicio público esencial y su interrupción pone en peligro la vida y la salud de nuestra gente”.
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Ameth Juan Hanna, alcalde de Luruaco, sostuvo que la solución a esta problemática está en manos de la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
“Son los únicos que pueden ponerle un freno a los problemas de orden público que se pueden suscitar a raíz de las medidas que ha adoptado la empresa Air-e. Es una presión para que los alcaldes respondan por una deuda impagable, una deuda que no hemos generado nosotros”, dijo el mandatario.
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Fue enfático al sostener que se encuentran dispuestos a brindar el acompañamiento necesario a la compañía para la recuperación de la cartera, pero que “no reconoceremos deudas de terceros ni vamos a hacer acuerdos de pago por consumos distintos a los de las instituciones públicas municipales”.
