El proyecto de valorización Cartagena –Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad sigue generando malestar en varios sectores del Atlántico por su impacto a las comunidades ubicadas en la zona de influencia de este corredor vial, toda vez que se modificó dentro de la Resolución 2615 de junio del 2024 la base gravable de catastral a comercial, además de incluir nuevos predios para el cobro de este tributo.
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Para el excongresista y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, Cesar Lorduy, este cobro es “injusto” y afectará, además de Cartagena y el municipio de Santa Catalina, en Bolívar, a los predios ubicados en Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo, en Atlántico.
Señaló que aparte de generarse un cobro por valorización a los usuarios del área determinada en el proyecto, también seguirá activo el recaudo vía peaje que se viene ejecutando en este corredor que cuenta con cinco casetas.
“En los actos expedidos (resoluciones y estudios técnicos) se expresa que el proyecto fue ejecutado a través de seis unidades funcionales, para un total de 152,2 km, cuya construcción finalizó el 31 de mayo de 2023, pero que además dicho proyecto tiene o cuenta con 5 peajes, que se seguirán cobrando”, expuso a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter.
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Explicó que el valor a pagar o la liquidación del gravamen se hará en proporción al avalúo comercial de los bienes inmuebles multiplicado por un factor asociado a la distancia y accesibilidad del predio.
“En palabras sencillas, se pagará entre el 2 % y el 3 % del avaluó comercial del inmueble con un tope equivalente a tres impuestos prediales”, escribió Lorduy, quien agregó que el periodo de tres años que se incluye en la resolución no se refiere al plazo para pagar este tributo, sino al término de vencimiento para incorporar nuevos predios.
Entretanto, el senador por el Centro Democrático, Carlos Meisel, sostuvo que seguirán desde lo político y también lo jurídico ejerciendo control y buscando detener el cobro por valorización a los habitantes de esta zona del país.
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“Nosotros asumimos la lucha de no permitir este atropello para nuestra gente desde que le escuchamos al Gobierno por primera vez la idea a finales del año pasado. La seguimos dando desde lo político y jurídico. Estamos firmes con nuestra acción popular. El Gobierno ya dijo lo que quiere, y quiere hacer unos proyectos en el país con la poquita plata nuestra, por lo que debemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para no permitirlo”, destacó.
