Este lunes, en el Centro Cívico de Barranquilla, será radicada la acción popular que buscar “tumbar” el cobro de valorización en Atlántico y Bolívar que pretende ejecutar el Gobierno nacional sobre la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
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El recurso será instaurado por el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, contra el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
El congresista precisó que, además, se hará acompañamiento a las demandas que se han presentado en contra de este proyecto como la de Camacol, en Barranquilla, y la del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
“Esto tiene que ser un trabajo en equipo, tenemos que defendernos entre todos de este atropello del Gobierno nacional. Invitamos a todos los sectores, que nosotros estamos prestos de acompañar todas las iniciativas con tal de defendernos de este robo al Caribe”, expresó.
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Dentro de los argumentos expuestos en el documento, Meisel señala que este proyecto de valorización genera “afectaciones graves” por cuanto se “vulnera el derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos”.
En ese sentido, expuso que se desconoció el principio de legalidad tributaria, debido a que hay un “vacío” en el desarrollo del método de distribución y cobro de este gravamen, porque –según refiere– no se señaló de manera explícita los métodos de establecimiento del avalúo comercial.
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Por otra parte, menciona el congresista que tanto el Ministerio de Transporte como el Invías, al momento de establecer la fórmula para la distribución del cobro de la valorización, debieron aplicar variables incluidas en la misma normativa y estipuladas en el Código General del Proceso, en el sentido de que al modificar la variable de utilización del avalúo catastral a comercial, podrían desatarse procesos “dispendiosos” y “tortuosos” al calcularlos avalúos y trasladar al contribuyente una carga que no le corresponde.
Por lo anterior, en la acción popular el senador solicitará al Tribunal que imponga medidas cautelares, en este caso, la suspensión de las resoluciones 1729 de 2023, modificada y adicionada por la resolución 2615 de 2024. Además, que se proceda a revisar y aclarar la fórmula establecida y diseñada por el comité de calificación y priorización de la contribución nacional de valorización, en el entendido –dijo– que debe señalarse de manera clara la forma en que se establecerá el avaluó comercial o en su defecto el avalúo catastral.
