Más de tres meses han transcurrido desde el momento en que el presidente Gustavo Petro se comprometió a asumir los saldos pendientes por opción tarifaria en el país, como una medida para reducir las altas tarifas de energía.
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En reiteradas oportunidades, el Ejecutivo ha expuesto su disposición de asumir dicha deuda. En ese sentido ha recalcado que es necesario presentar un proyecto de ley que les permita convertir dichos saldos –que ascienden a cerca de $5.7 billones– en deuda pública.
De forma paralela, las empresas han continuado haciendo el cobro de dicho componente. Aunque la Comisión de Regulación y Energía (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía han definido una serie de topes para adelantar dicha recuperación, en varios departamentos del Caribe se ha avanzado a “pasos agigantados”.
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Desde distintos sectores se ha alertado que restan “pocos meses” para que la empresa Air-e culmine la recuperación de los recursos correspondientes a la opción tarifaria, que fueron dejados de cobrar durante la pandemia a los usuarios. Esta situación se encuentra relacionada con la decisión de la compañía de aplicar el valor máximo en esta variable.
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En ese sentido, expertos del sector energético han calculado que la reducción que tendrían los usuarios sería cercana al 20 % y se haría efectiva a partir del próximo año.
Es de anotar que, a corte de agosto de 2023, según un informe de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se estimó que el saldo acumulado para la empresa Air-e era cercano al billón de pesos, correspondiente a 3.914 kilovatio/hora.
En el mismo documento se expone que en seis de los ocho primeros meses de 2023, el costo unitario aplicado (el precio que se paga por cada kilovatio/hora) fue superior al costo unitario calculado, por lo que “se entiende que, posiblemente, en ese mes se redujo el saldo acumulado en vez de incrementarse”.
