Un balance agridulce fue entregado por los miembros de la bancada legislativa del Atlántico tras la reunión realizada este martes con la ministra de Transporte, María Constanza García, para analizar una posible suspensión del cobro de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
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En el encuentro, que se llevó a cabo en Bogotá, se dieron a conocer nuevos detalles del cronograma de aplicación del gravamen. Uno de ellos corresponde a que los primeros pagos se deberán realizar, a más tardar, en marzo del próximo año.
Efraín Cepeda, presidente del Congreso, aseguró que no existe un proceso de concertación con las comunidades de Atlántico y Bolívar alrededor de este proceso, que se constituye en una especie de “castigo confiscatorio” contra la región.
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“Esta valorización no cumple con el principio Constitucional de no retroactividad de los tributos, este es un cobro ilegal, pues la obra se entregó antes de la entrada en vigencia de la modificación de la ley”, expuso el congresista conservador.
A su turno, Carlos Meisel, de Centro Democrático, no ocultó su inconformismo por la decisión del Gobierno de seguir adelante con el cobro de la valorización, sin tener en cuenta la realidad financiera de los habitantes del Caribe.
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“Esto es algo que está muy mal hecho. El Gobierno ha dispuesto unos plazos y no estamos de acuerdo con eso. Por eso vamos a seguir adelante con la acción popular, porque eso no puede seguir adelante”, indicó.
El liberal Mauricio Gómez también expresó su descontento con las conclusiones del encuentro y anunció que coadyudará las demandas de nulidad que han sido presentadas por Camacol y la Alcaldía de Cartagena contra este proceso.
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“Hemos pedido que este proceso se aplace mientras se soluciona el problema de la energía eléctrica, que los bolsillos de los ciudadanos en el Caribe tengan un respiro, pero no ha sido posible. Vamos a pasar de la discusión política a la judicial, Porque no es justo que se escoja como piloto a una de las regiones más golpeadas en el país”, enfatizó.
Armando Zabaraín, representante a la Cámara por el Atlántico, enfatizó en la necesidad de que se entregue más tiempo para “digerir” lo que propone el Gobierno, así como se puedan responder todas las inquietudes en el plano legal.
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“Lo que queremos es que se evalúe con detenimiento y determinar si es pertinente avanzar en este proceso, teniendo en cuenta el impacto social que puede generar”, anotó el congresista conservador.
Por su parte, el senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, resaltó que se estableció el compromiso de trabajar de forma conjunta con los gobernadores para concretar la matriz de los proyectos que están en el Plan Nacional de Desarrollo con impacto regional para definir la inversión de recursos en los territorios que pagarán la valorización.
