Aunque el Ministerio de Transporte anunció que el cobro de la valorización para los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, los gremios del Atlántico y Bolívar han expresado su descontento ante la decisión del Gobierno nacional de seguir adelante con este proceso.
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De acuerdo con Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) cuentan con una serie de vicios de nulidad. En ese sentido, expuso que hacen falta estudios técnicos y socioeconómicos para establecer la capacidad de pago de los contribuyentes.
En la misma línea, el líder gremial expuso que existe una inadecuada determinación del beneficio, violando la Ley 1819 de 2016 que exige demostrar un beneficio económico concreto para los inmuebles afectados, así como se han registrado deficiencias en la delimitación de la zona de Influencia al no seguir los criterios técnicos establecidos por la normativa.
“Es inequitativo con los departamentos de Atlántico y Bolívar que el Gobierno pretenda imponer una contribución nacional sobre la Vía al Mar Cartagena – Barranquilla, de 110 kilómetros, de los cuales aproximadamente el 60 % está en calzada sencilla”, agregó Cepeda Tarud.
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Enfatizó que el cobro de la valorización nacional en un radio de 5 kilómetros a lo largo del corredor costero Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad “cercena” el desarrollo inmobiliario y turístico de estas ciudades y de los municipios de Puerto Colombia, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Soledad y Malambo.
También recalcó que aplicar la valorización nacional sobre el valor comercial de los inmuebles con una base gravable de 240.000 predios constituye en una “amenaza de confiscación”, teniendo en cuenta que “fácilmente sus propietarios pueden incumplir con los pagos y en consecuencia ser sujetos de instrumentos de cobros coactivos que llegarían hasta el embargo de sus cuentas bancarias y el remate de esos bienes”.
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Mencionó que, actualmente, no existe ningún instrumento legal que garantice que un porcentaje de los ingresos derivados del recaudo de la citada valorización nacional se destine a obras en el Atlántico y Bolívar, “lo que ya es de por sí inequitativo con los habitantes del departamento”.
Juan Camilo Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar, consideró que el proceso no es conveniente para la región y tiene muchos vicios.
“Aquí se ha adelantado el proceso sin tener estudios técnicos apropiados, con errores en la determinación de la base gravable y en el mismo método de distribución del monto a cobrar a cada predio. Además, no se ha delimitado de manera adecuada el área de influencia y el beneficio real que tendrían los precios afectados”, remarcó.
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Asimismo, indicó que “algunos sectores han sostenido que el cobro de valorización es solo para los ricos, y eso no es cierto. Si bien la ministra dice que no se les cobrará a los estratos 1, 2 y 3, en las resoluciones vigentes se excluye por Sisbén A y B. Las familias en Sisbén C, catalogadas como vulnerables por el riesgo de caer en pobreza, aún están incluidas en el cobro”.
El líder gremial señaló, además, que los recientes anuncios demuestran la improvisación por parte del Ministerio: “Están reaccionando a la fuerte oposición que tiene la Valorización Nacional en el Caribe. Supuestamente iban a comenzar a cobrar en mayo, luego en julio, en septiembre, y ahora anuncia la ministra que será en marzo del 2025, a un año de elecciones”.
