El Tribunal Administrativo del Atlántico decretó medidas cautelares en desarrollo de una acción popular presentada en contra del Gobierno nacional para lograr reducir las tarifas de energía eléctrica que se cobran en la Costa Caribe.
Leer también: Air-e explica por qué la tarifa de energía podría seguir subiendo
Relacionado: “Somos sus aliados, no somos corruptos”: dura respuesta de Andesco a Petro
En la medida cautelar, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisar los componentes de la fórmula tarifaria, el impacto económico en los usuarios y proceder a cambiarla en caso de encontrar que los costos de la prestación del servicio no son los adecuados.
Dicho análisis se tendrá que hacer en desarrollo de una audiencia pública en Barranquilla, que deberá ser convocada en máximo 10 días por parte de la Comisión de Regulación.
Igualmente ordena revisar otros componentes tarifarios que afectan la tarifa de los usuarios en la Costa, tales como los de pérdidas y restricciones. También que se designe una comisión para calcular las tarifas del servicio eléctrico desligando el índice de precios al productor (IPP) en cada uno de sus componentes regulados e indexar al índice de precios al consumidor (IPC).
En la misma decisión, se ordena a la Creg implementar medidas inmediatas de mediano y largo plazo tendientes a reducir las tarifas del servicio de energía eléctrica para la Costa.
Además ordena realizar una audiencia pública en la que deben estar convocados los alcaldes, gobernadores, parlamentarios de la región Caribe, el ministro de Minas y Energía, la procuradora General de la Nación, el defensor del Pueblo, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, la Presidencia de la República, las empresas Air-e y Afinia, los distribuidores de energía eléctrica, el gremio de comercializadores y distribuidores sin generación despachada centralmente y un delegado de los accionantes.
De interés: El presidente debe pasar de los anuncios a las acciones: senador Meisel
La orden judicial establece que el Ministerio de Minas y Energía y la Creg tienen diez días adicionales para expedir un nuevo acto administrativo que modifique las resoluciones 010 de 2020 y 78 de 2021, buscando una reducción en las tarifas eléctricas en la región Caribe.
Tras conocerse la decisión, el personero Miguel Ángel Alzate le dijo a EL HERALDO que la orden va orientada a que haya un cambio en las tarifas de energía que permita bajar su costo.
En sus declaraciones señaló que en este caso no se depende de que el presidente de la República dé la orden, que le vienen dando hace dos años a la Creg para que la cambie, sino ya es una decisión judicial que ordena a todos estos actores a que realicen el cambio de la fórmula tarifaria.
