El fantasma de un racionamiento de energía vuelve a rondar al Caribe colombiano. Este lunes, la Contraloría encendió las alarmas ante el “inminente riesgo” que existe debido a los retrasos en los pagos correspondientes a los subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía en el país.
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De acuerdo con el ente de control, esta situación podría generar afectaciones a más de 10 millones de personas en el Caribe colombiano, así como en los departamentos de Nariño, Chocó y Vichada.
Al respecto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias para que cumplan su papel de garantes y adopten acciones idóneas prevenir la afectación en la prestación de este servicio, evitando así “el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional”.
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En ese sentido, aseguró que deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía.
El ente de control también expuso que la situación se agrava por la “falta de decisión” del Gobierno con relación al reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de opción tarifaria, que corresponde al congelamiento de las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos.
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Otro factor, de acuerdo con la Contraloría, lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, “lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas del Caribe”.
La Contraloría agregó que una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos: “Es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio”.
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