El cobro de valorización en predios de Atlántico y Bolívar, ubicados en los corredores de la Circunvalar de la Prosperidad y Vía al Mar, solo lo puede frenar las decisiones que resulten de las demandas y otros recursos legales interpuestos por varios sectores ante instancias como el Tribunal Administrativo, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
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Este proyecto que viene siendo liderado por el Gobierno nacional es inminente, pero en igual medida tiene un contrapeso muy fuerte por parte de la ciudadanía, autoridades y gremios por resultar –en palabras de las masas– “injusto” y “perjudicial” para el desarrollo de los departamentos a los que se le quiere aplicar este nuevo tributo.
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Cabe recordar que con el cobro de este gravamen, que proyecta recaudar $2.3 billones, se impactará a 248 mil predios que hacen parte de la zona de influencia de estos corredores viales, de los cuales 180 mil se encuentran en jurisdicción del Atlántico.
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Además de Cartagena y Santa Catalina, en Bolívar, Barranquilla y los municipios de Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Malambo se verán afectados por la implementación de este gravamen.
Según lo que ha manifestado la ministra de Transporte, María Constanza García, el proyecto de valorización “no tiene reversa”, por lo que en marzo de 2025 se iniciará el recaudo.
(Presentan demanda de inconstitucionalidad contra cobro de valorización)
Muchas han sido las voces que se han unido para rechazar la implementación de este cobro y se ha visto reflejado en los recursos legales instaurados para frenarlo. Está la acción popular presentada por el senador Carlos Meisel ante el Tribunal Administrativo del Atlántico y las demandas interpuestas por los congresistas Mauricio Gómez y David Luna ante la Corte Constitucional.
De igual manera, están las demandas instauradas ante el Consejo de Estado –de manera independiente– por Intergremial Atlántico y Consejo Gremial Bolívar, el 9 de julio; la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), a través de la firma Aroca Vives Abogados, el 24 de julio; el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el 31 de julio, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el 29 de agosto.
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El senador Carlos Meisel se refirió al trámite de la acción popular en la que ha solicitado se impongan medidas cautelares que incluyen la suspensión o anulación del cobro de la valorización.
En reiteradas ocasiones ha señalado que el proyecto genera “afectaciones graves” por cuanto se “vulnera el derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos”, así como también –en su formulación– se desconoció el principio de legalidad tributaria, debido a que – según dijo en su momento– hay un “vacío” en el desarrollo del método de distribución y cobro de este gravamen.
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“Nuestra demanda se encuentra surtiendo sus trámites. Nosotros estamos en un proceso de recolección de firmas para también anexarlas en sus etapas. También otras demandas de nulidad se han radicado y creo que, valiosas todas, vendrán muchas más. Todos los ciudadanos que sientan que se le están vulnerando derechos están en todo su derecho de intentar defenderlos”, expresó.
Indicó que este proyecto tiene “muchos problemas” debido a que “los avalúos comerciales son un abuso sin peritaje y la capacidad de pago de la gente no es real”. Además, precisó que no hay unos antecedentes claros sobre el valor comercial que han tenido los predios.
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“No tienen una línea base en el tiempo para pedir los supuestos incrementos de precios de los predios. Y muchos que no son ricos, como dice el presidente Petro, los van a clavar (sic). Eso es parte de los problemas. Es un abuso”.
Por su parte, el senador Mauricio Gómez si bien reconoció que el trámite de la demanda tomará su tiempo, cree que al menos uno de los recursos que vía jurídica se han interpuesto, prosperará.
