Luego de que EL HERALDO diera a conocer que Air-e se reunió con el presidente Gustavo Petro para hablar sobre la situación financiera de la empresa, expertos en temas energéticos como Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, y Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, se pronunciaron sobre las posibles implicaciones que esto traería en la prestación del servicio en la región Caribe.
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En ese sentido, Acosta sostuvo que esta situación ya había sido advertida por diferentes sectores. Para el experto en temas energéticos, una de las causas es porque sigue sin resolverse el tema de los saldos del componente de la opción tarifaria, aseguró.
Además, señaló Acosta, se le suma la tardanza por parte del Gobierno para cancelarle y reintegrarle a las empresas distribuidoras lo que ellas han asumido como costo por cuenta del reconocimiento del subsidio a los estratos 1,2 y 3.
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“Esto está abocando a las empresas a una situación de dificultad financiera, que puede derivar en una situación de limitación de suministro que afortunadamente este mes que está corriendo ha sido suspendida a través de una resolución del criterio de minas y energía”, indicó.
Advierte que a partir del 30 de este mes, de presentarse una limitación de suministro, que consiste en que una empresa distribuidora deja de pagarle al generador la energía, “implicaría una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y pone en riesgo indudablemente la prestación del servicio de energía a los usuarios”.
Para el ex ministro Acosta, este anuncio no lo toma por sorpresa, porque precisamente a comienzos de este año ya Air-e —dijo— le había informado a las empresas generadoras de energía su “imposibilidad” de cancelarles sus obligaciones por problemas de solvencia.
“Eso se resolvió en su momento porque rápidamente el señor ministro de Minas y Energía les pidió una resolución a través de la cual se les facilitó a las empresas el acceso a una línea de crédito con Findeter para que de esta manera pudieran resolver su problema de caja”, recordó Amylkar Acosta.
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Finalmente, lo que más le preocupa, sostuvo, es que con una Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) en una situación de interinidad no podría tomar decisiones en momentos de crisis como la que se está presentando.
A su turno, Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe dijo que ante este anuncio “se requeriría una auditoría forense lo más pronto posible a la empresa Air-e”.
Señaló, además, que esto demuestra el fracaso de la política de privatización del patrimonio público de la Ley 142 de 1994, “que le aplicaron a la empresa Corelca, que era un patrimonio de toda la región Caribe, para desfallecer con Electricaribe y Air-e, casi treinta años de fracasos de la política estatal en el servicio eléctrico”, sostuvo.
Alarcón sugiere esta auditoría alegando que Air-e y Afinia se beneficiaron con la sobretasa del 20 % a la comercialización de energía desde el año 2020. Además, Air-e ha recaudado casi toda la opción tarifaria que le aprobó el gobierno, según Resolución 101 028 de noviembre de 2023. Que ya ha recaudado $720.000 millones de un total de $850.000 millones en menos de un año”, sostuvo el líder de los usuarios.
