En medio del proceso de intervención de la empresa Air-e, sus accionistas salieron en rechazo de la “persecución” por parte del superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, quien recientemente habló de un proceso de “intermediación” en la compra de energía que afectaría a los usuarios.
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Jaime Lombana, representante de los accionistas de la compañía, sostuvo que el funcionario viene liderando una “campaña de desinformación” que ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, así como interpusieron quejas disciplinarias ante la Procuraduría.
“Ninguna irregularidad encontrará el superintendente. No existió ni existe relación alguna con Urrá. Por el contrario, Air-e fue víctima del oligopolio de los generadores de energía a quienes el superintendente protege y evita investigar, incurriendo en una omisión funcional reprochable jurídicamente, y desobedeciendo las directivas del propio presidente de la República”, aseguró el abogado a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con Lombana, la empresa Air-e fue de las primeras en denunciar y “reprochar la corrupción” en los precios de energía, incluyendo a la generadora Urrá.
Explicó que Urrá solo vendió .5 GWh año a la empresa tras una solicitud vía carta, que fue extensiva a todos los agentes del mercado, en el marco de la resolución CREG 101 036 de 2024, que buscaba que las comercializadoras se pudieran contratar y salir de la bolsa.
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“Esa cantidad de energía es un saludo a la bandera y representa apenas el 0.1% (una décima de 1%) del total de demanda que Air-e debe atender y lejos de las cientos o miles de GWh que vendió a las empresas que están bajo investigación”, enfatizó.
En la misma línea, Lombana aseguró que “la realidad es que Air-e no tuvo otra opción pues en las convocatorias Sicep de los últimos 3 años, solo le vendieron a la empresa el 4 % de lo que buscaba comprar, obligándonos a tomar uno de dos perversos caminos: la bolsa de energía o el mercado de reventa”.
Enfatizó que a la empresa Air-e “le tocó comprar a los revendedores”, así como lo hicieron otras 37 empresas –incluyendo a las más grandes, tales como AES, Enel, EPM y Emcali–, que atienden a más del 70 % de los usuarios en el país.
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“De estas, 12 empresas compraron a precios superiores a nosotros a pesar de que Air-e le tocó comprar en pleno fenómeno de El Niño, cuando la bolsa alcanzó precios de 1.400 pesos por kilovatio hora”, agregó.
Sostuvo que el superintendente Quiroga solo se ha referido a Air-e y no a las otras 37 empresas, “confirmando la persecución que ha emprendido contra Air-e”.
Lombana expuso que “lo que ocurrió en Urrá fue puesto en conocimiento del Gobierno nacional, pues Air-e se vio obligado a comprar caro a revendedores para buscar estabilizar el precio y salir de la volatilidad de la bolsa”.
Y por último dijo que “esto afectó al usuario, pero también implicó que Air-e perdiera importantes sumas de dinero pues solo pudo llevar al usuario el 75 % del valor pagado por kilovatio hora superior al precio medio de contrato”.
