La conexión en doble calzada entre Barranquilla y Cartagena a través de la Cordialidad pende de un hilo. El futuro de la concesión Autopistas del Caribe es incierto a causa de la imposibilidad de reanudar el recaudo en el peaje de Turbaco y el rechazo a la instalación de una caseta en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco.
Durante los últimos meses, las autoridades del orden nacional y el concesionario han venido adelantando una serie de mesas de trabajo con la comunidad para socializar los beneficios de la obra y consolidar soluciones, aunque no ha sido posible.
Así lo relató Francisco Ospina, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien alertó que el proyecto Autopistas del Caribe no ha logrado iniciar la fase de construcción debido a que no se ha logrado el cierre financiero debido a dicha problemática.
“Hemos propuesto diferentes alternativas a la comunidad para restablecer el cobro en el peaje de Turbaco y no han sido acogidas. El cobro está suspendido hasta este domingo y es probable que haya una nueva solicitud en ese sentido. Lo que le compete a la ANI es revisar todos los escenarios contractuales, pues si no hay una reactivación del cobro se inicia un análisis junto con el concesionario del camino que se debe tomar”, sostuvo el funcionario en diálogo con EL HERALDO.
Ospina indicó que el no cobro en el peaje de Turbaco conlleva a que el proyecto “pierda gran parte de su viabilidad”, teniendo en cuenta que esta caseta debería recaudar cerca del 39 % de los recursos para el equilibrio financiero de la concesión.
Por esa razón, hizo un llamado a las autoridades locales y las comunidades para que se tome conciencia sobre la importancia del desarrollo de obras en esta zona del país: “Invitamos a que, si tienen alguna alternativa que puedan proponer para que el proyecto retome su cauce, estamos dispuestos a revisarla; de lo contrario, nos toca sentarnos con el contratista a revisar los escenarios contractuales”.
Con relación al caso del peaje proyectado a la altura del corregimiento de Arroyo de Piedra, en jurisdicción de Luruaco, el presidente de la ANI indicó que cuenta con una participación del 7 % en el esquema financiero planteado para este proyecto.
“Obviamente tiene un efecto importante que no se haya habilitado, pero el peaje de Turbaco es medular en el modelo financiero”, enfatizó.
Últimos esfuerzos
Ernesto Carvajal, representante legal de Autopistas del Caribe, puso de presente que han transcurrido 35 meses desde la firma del acta de inicio del proyecto y han hecho frente a diversas problemáticas.
Una de ellas corresponde al levantamiento de las talanqueras en el peaje de Turbaco, una medida que se ha venido extendiendo desde diciembre de 2021: “Han pasado casi 3 años, se han hecho más de 20 reuniones y el problema persiste”.
Expuso que actualmente avanzan en la fase de preconstrucción del proyecto, a pesar de que ya cuentan con diseños y estudios para el desarrollo de las nueve unidades funcionales contempladas en el contrato.
“Tenemos la licencia ambiental para la unidad funcional 9, que es en Atlántico y por donde iniciarían las obras. Además, tenemos seis consultas previas protocolizadas y con la gestión predial bastante adelantada. A eso se suma la operación y mantenimiento de los 253 kilómetros entre los dos departamentos”, agregó Carvajal.
Explicó que no se ha logrado acreditar el cierre financiero debido a que hay riesgos de menor recaudo activos. El primero corresponde al no cobro en el peaje de Turbaco, que se suma a la imposibilidad de implementar las tarifas contempladas para el proyecto, puesto que se permiten incrementos superiores al IPC y se encuentran suspendidos.
“El tercer riesgo de menor recaudo es la no puesta en operación de la estación de peaje de Arroyo de Piedra. Con eso es imposible que el concesionario salga a la banca local o internacional a acreditar un cierre financiero”, agregó.
Expuso que dichos riesgos de menor recaudo están a cargo del Estado, lo que se traduce en “deudas para el país”. En ese sentido, enfatizó que “en el caso de que este proyecto fracase y nos veamos abocados a un proceso de litigio por terminación anticipada, el Estado tendrá que compensarnos las obligaciones”.
Puso de presente que, en caso de abandonar el proyecto, el peaje se mantendría debido a que es una fuente legal para recaudar recursos que permitan adelantar proyectos de infraestructura y su mantenimiento.
“El proyecto se encuentra en un alto riesgo. Está la posibilidad de implementar una tarifa diferencial de $1.500 para la categoría 1, que sería muy favorable para los usuarios de los municipios de Turbaco y Arjona. De ese recurso, solo mil pesos irían al proyecto, porque los $500 entran al Fondo de Seguridad Vial”, agregó Carvajal.
El representante de Autopistas del Caribe señaló que la tarifa diferencial para la categoría 2 sería de $2 mil pesos: “Estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano de la ANI con las comunidades para que entiendan que esta tarifa diferencial tan económica lo que busca es garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura existente”.
En la misma línea, destacó que “esta sería una oportunidad de conectar a Cartagena y Barranquilla en doble calzada, disminuir los tiempos de viaje y costos de operación, porque la Cordialidad tiene vocación de carga”.
Además, Carvajal no cerró la puerta a que el proyecto tenga modificaciones, teniendo en cuenta que se debe hacer el análisis de las obras que se pueden realizar con los recursos que sean recaudados bajo estas nuevas condiciones.
“Tendríamos que revisar qué se podría construir dado el hueco que se ha causado durante estos casi tres años por el riesgo de menor recaudo, que ya le ha hecho daño a la estructura financiera del proyecto. Sin embargo, todavía estamos a tiempo. Estas son las últimas posibilidades que tenemos y quisiéramos que la gente así lo entendiera”, remarcó.
Visión de los gremios
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, alertó que la posible cancelación del proyecto Autopistas del Caribe tendría unas “graves consecuencias” para la competitividad y el desarrollo de Atlántico y Bolívar.
“Este proyecto no solo representaría una mejora significativa en la infraestructura vial asegurando su operación y mantenimiento por 35 años, sino también una inversión netamente privada de $6,7 billones que, de no llevarse a cabo, se perdería por completo”, expuso.
Cepeda indicó que la liquidación anticipada afectaría el desarrollo agrícola en municipios como Repelón, “que ha venido generando una dinámica de pequeños productores”. También resaltó que impactaría el crecimiento de municipios como Galapa, Baranoa y Palmar de Varela.
“La cancelación del proyecto también reduciría las ventajas logísticas críticas para la región, como la conexión entre dos zonas portuarias que movilizan alrededor de 50 toneladas de carga al año, afectando gravemente el comercio y la competitividad regional”, explicó.
En ese sentido, el presidente del Comité Intergremial expuso que el Departamento Nacional de Planeación ha subrayado la importancia de mejorar la infraestructura logística para que el país pueda ser más productivo y competitivo. “El proyecto es crucial para conectar zonas rurales con mercados, aeropuertos y puertos, mejorando los costos y la eficiencia del transporte”.
Y agregó que “la suspensión de este proyecto dejaría a la región sin la infraestructura necesaria, sin mantenimiento vial adecuado, y la continuidad en el cobro del peaje, pero a cargo de Invías, lo que sería un grave retroceso para el desarrollo regional”.
Mientras que Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), indicó que las confrontaciones que se viven actualmente en algunos peajes en la región Caribe tienen una connotación “inminentemente política”.
“En algunas campañas electorales en la Costa Caribe, la voz fuerte de la campaña lo que planteaba era la posibilidad que no se pagaran los peajes, entonces hay que cumplir un compromiso de campaña y es el saboteo que hay”, dijo.
El presidente de la CCI argumentó que los peajes son necesarios para el mejoramiento de infraestructura vial y el desarrollo de los territorios.
“Gracias a este modelo superamos un rezago de 100 años en materia de carretera, si no hubiera sido por las concesiones, no estaríamos mostrando lo que tenemos hoy en Colombia en materia de vías”, apuntó Caicedo.
El alcance del proyecto
Con el proyecto de Autopistas del Caribe se contempla la construcción de 74 kilómetros de segundas calzadas, 20 kilómetros en variantes y 8 intersecciones a nivel y desnivel, así como la operación y el mantenimiento de las mismas.
El plazo total, de acuerdo con el concesionario, es de 35 años, de los cuales 1,5 años serán destinados a la preconstrucción, 6,5 años a la construcción y 27 años de operación y mantenimiento.
