El personero municipal de Puerto Colombia, Johnn Jairo Rodríguez Ripoll, aseguró que él y otros funcionarios de la entidad fueron “agredidos verbalmente y amedrentados” por los ciudadanos que participaban en las manifestaciones del sábado 21 de septiembre en el peaje Papiros.
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“En mi calidad de personero Municipal, y junto a funcionarios de esta entidad, fuimos agredidos verbalmente y amedrentados por los manifestantes, en los que, además, se injuria y calumnia nuestro buen nombre, hechos que como Ministerio Público, garantes de los derechos humanos de las personas y la protección del interés público, rechazamos rotundamente”, dice Rodríguez Ripoll en un comunicado.
Agregó el funcionario que esta no es la primera vez que son víctimas de agresión, por lo que pidió “respeto al trabajo íntegro” que realiza la Personería Municipal de Puerto Colombia a través del acompañamiento permanente a la comunidad que protesta contra el cobro del peaje.
“Como personero Municipal y servidor público, que hace parte del Ministerio Público, he sido garante de la guarda y promoción de los derechos humanos, más aun garantizando el derecho a la protesta estipulada dentro de nuestra Constitución Política, es así como desde el primer día en que la comunidad de Puerto Colombia decidió asistir a la protesta pacífica en la caseta Papiros he brindado el acompañamiento junto con las demás autoridades como Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, esto con el fin de que se garantice este derecho”, sostuvo.
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Johnn Jairo Rodríguez señaló que de la misma manera como “se respeta y se garantiza el derecho a la protesta”, desde la Personería Municipal se solicita a todos los participantes de la protesta “que se tenga como principio básico y fundamental el respeto al personero y funcionarios de la Personería, ya que representan la institucionalidad y su propósito no es evitar u oponerse a la protesta social, sino velar por el respeto de los derechos de los que protestan y de los ciudadanos no involucrados en la misma”.
Por último, anunció que “se estudian las acciones legales y penales que se tomarán en aras de garantizar el respeto a la integridad y buen nombre de nuestros funcionarios”.
