La Superintendencia de Salud informó que luego de la entrega del informe final por parte de la firma ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., entidad mandataria encargada de finiquitar el proceso de liquidación de Cafesalud EPS, se revelaron pérdidas financieras para el sector tras un proceso cargado de irregularidades.
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El superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, manifestó su preocupación ante esta situación.
“De este proceso podemos decir de todo, menos que fue exitoso. Las IPS y los hospitales reclamaban una deuda por encima de los 8.8 billones de pesos, pero el liquidador reconoció tan solo 1.3 billones. Finalmente, terminaron pagándoles a los prestadores solamente 66 mil millones de pesos”, denunció Leal Angarita.
El Superintendente también se refirió al elevado gasto del proceso de liquidación de Cafesalud, el cual alcanzó los 77.846 millones, mucho más de lo que se terminó reconociendo como deuda a IPS públicas, privadas y mixtas del país. Y es que, luego del proceso de liquidación, se conoció que la extinta EPS no respondió ni siquiera por el 5% de su deuda, acrecentando con ello la enorme crisis del sistema de salud.
Luis Carlos Leal dejó en evidencia también varias irregularidades durante este proceso de liquidación que no se habían denunciado, como las prórrogas del proceso de mandato adoptadas sin un fundamento normativo claro, así como el no haber terminado la existencia legal de la entidad a pesar de haber declarado un desequilibrio financiero previo, lo que permitió un mayor gasto administrativo y de gestión.
De acuerdo con el análisis efectuado por la Oficina de Liquidaciones de la Supersalud, los honorarios del liquidador, que eran inicialmente por 144 millones terminaron convertidos en 391.924.432; y sobre el mandato, su valor se incrementó en más del doble, costando finalmente 1.215 millones.
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Leal Angarita sostuvo finalmente que “esto, lamentablemente, no solo ha pasado en Cafesalud, sino que se ha repetido en distintas EPS que se han ido y que hacen que hoy la deuda reconocida a distintos prestadores ascienda a 8.4 billones, luego de haber reclamado más de 30 billones de pesos”.
Por estos y otros hallazgos la Superintendencia Nacional de Salud elevó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que las irregularidades cometidas tanto por el agente liquidador como por la entidad mandataria sean investigadas.
