Este jueves y viernes, Barranquilla será sede del XVI Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral, liderado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que sirve como plataforma para un diálogo entre la jurisprudencia constitucional y ordinaria para proteger los derechos de los trabajadores sin perder de vista la seguridad jurídica.
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Marjorie Zúñiga Romero, presidenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, habló con EL HERALDO sobre la importancia y los temas centrales que se desarrollarán en este evento.
¿Cuál es el objetivo del conversatorio que se cumplirá esta semana en Barranquilla?
La Corte Suprema de Justicia realiza este evento anualmente para reunir a las juezas y jueces del trabajo y de la seguridad social de todo el país, con el ánimo de reflexionar sobre las variadas problemáticas que nos afectan.
Para este año, queremos abordar una de nuestras constantes preocupaciones y es que, por la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, las reglas y el contenido de los derechos laborales y de la seguridad social no terminan de estar claros para los interesados, por la existencia de decisiones y posturas encontradas frente a una misma materia, particularmente por cuenta de sentencias contradictorias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, lo que genera graves problemas de seguridad jurídica.
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Estoy convencida de que las Cortes y las demás instituciones deberíamos conversar más a la hora de interpretar y concretar las normas aplicables al trabajo y la seguridad social y ese es el objetivo central del Conversatorio organizado para este año: explorar los caminos que nos podrían conducir al encuentro, la deliberación y a una mayor armonía en la definición de las reglas de juego.
¿Quiénes estarán presentes? ¿Cuáles serán los temas que se abordarán en este espacio?
Este es un evento que reúne a quienes trabajamos a diario en la administración de justicia en temas de trabajo y seguridad social, en juzgados, tribunales y la Corte Suprema de Justicia, de manera que es un auditorio de juezas y jueces.
Ahora, para propiciar el debate académico y el diálogo, vamos a estar acompañados de algunas autoridades nacionales, fiscal general de la Nación, procuradora General de la Nación, presidente de la Corte Suprema de Justicia, algunos miembros del Congreso de la República y un nutrido grupo de conferencistas y panelistas nacionales e internacionales, entre los que se cuentan magistrados, profesores universitarios y representantes de algunas instituciones. La intención es, como ya lo dije, comenzar a impulsar estos espacios en los que las jurisdicciones e instituciones podamos conversar más sobre la forma adecuada de unificar las reglas aplicables al trabajo y a la seguridad social.
En cuanto a los temas, con esa clave del diálogo, vamos a debatir sobre los estándares de protección a la estabilidad laboral de las personas con discapacidad; el flagelo del acoso y la violencia en el trabajo, con especial énfasis en la aprobación del Convenio 190 de la OIT; los derechos laborales de los deportistas profesionales; los variados cuestionamientos en torno a los derechos laborales y pensionales de las personas transgénero; las pautas aplicables a los traslados que realizan los afiliados al sistema de pensiones entre un régimen y otro; y las nuevas reglas y desafíos que se van a propiciar por los proyectos de reforma laboral, pensional y al Código Procesal del Trabajo, entre otros.
¿Por qué se eligió a Barranquilla para este encuentro?
Además de que esta es mi tierra natal, estoy convencida de que Barranquilla es un lugar ideal para patrocinar ese encuentro de saberes y posturas en torno al derecho del trabajo y la seguridad social que tienen los jueces, las Cortes y todos nuestros invitados especiales, con un ánimo distendido, desenfadado y alegre.
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Barranquilla ha sido un referente de desarrollo económico y sostenibilidad para el país, además de que es rincón de Colombia lleno de música, literatura y folclor. Todos estos elementos y la consagrada hospitalidad de la ciudad me generan la plena confianza de que este es uno de los mejores lugares para encontrarse, conversar, enriquecer los procesos de toma de decisiones de los jueces y hacer esa exaltación del diálogo que se pretende con el evento.
En su concepto, ¿cuáles son los retos que existen en el país para la protección de los derechos de los trabajadores?
Los retos en la protección de los derechos de los trabajadores son múltiples. Por solo mencionar algunos, está el hecho de que las realidades del mercado de trabajo cambian de una manera constante y acelerada, y eso hace que los trabajadores sufran nuevas formas de desprotección y tengan diferentes necesidades. El desafío para el sistema de justicia y todas las demás instituciones está en dinamizar constantemente sus procesos, aprehender esas transformaciones y responder con garantías y fórmulas propias del trabajo digno y decente.
Por otra parte, en Colombia tenemos un grave problema de informalidad, que dificulta que los derechos laborales y la seguridad social lleguen de manera real a todas las personas; un importante nivel de brechas pensionales y laborales y variadas formas de discriminación que afectan especialmente a las mujeres; algunas previsiones de congestión judicial; la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación y muchos otros factores que demandan respuestas permanentes.
Una gran parte de estas dificultades va a ser abordada y discutida en nuestro Conversatorio, con la vista puesta en que podrían darse unos mejores resultados si las Cortes y las demás autoridades involucradas dialogamos más sobre las fórmulas y reglas más adecuadas para proteger a los trabajadores y afiliados del sistema de seguridad social y promover formas de trabajo digno y decente.
¿Cree usted que existe ineficacia en el proceso de acceso al sistema de pensiones? ¿Por qué?
El acceso efectivo de todas las personas al sistema de pensiones es uno de los grandes desafíos que afronta nuestro país. A partir de los principios de la Constitución Política y de la Ley 100 de 1993 se quiso instaurar un sistema de cobertura universal, que no ha podido materializarse por cuenta de muchos factores como la ya señalada informalidad del mercado de trabajo. Y esa realidad que ya de por sí es delicada, se agrava más en el caso de los trabajadores rurales y las mujeres, que son quienes tienen menos acceso a la seguridad social y a una pensión digna.
Aparte de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha llamado la atención sobre algunas fallas que tiene el sistema de pensiones vigente y sobre la necesidad de ajustes a partir de normas y políticas públicas, especialmente en torno las reglas de operación de cada régimen, la información que deben tener las personas para tomar decisiones sobre su futuro pensional y, en términos generales, por una distorsión en las expectativas de los afiliados.
Al final, todos estos interrogantes son los que han generado grandes índices de litigiosidad y de congestión judicial, que han tenido que enfrentar y solucionar las juezas y jueces de la especialidad.
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Entiendo que la reforma pensional aprobada por el Congreso busca afrontar varias de esas inquietudes y a partir de su entrada en vigencia se generarán más desafíos, preguntas y necesidades a las que se tendrá que dar una respuesta.
Por lo pronto, es urgente trabajar en fórmulas que propicien la ampliación de la cobertura del sistema pensional y que, por ese camino, permitan tener altos índices de personas con una pensión digna y superar problemas como las brechas pensionales entre hombres y mujeres.
