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Las empresas comercializadoras de energía en el país arrastran un déficit de $7 billones que pone en riesgo su funcionamiento en medio de la “crítica” situación que se vive en el país ante el latente riesgo de un desabastecimiento.

El líder gremial explicó que dicha deuda corresponde a $2 billones de los subsidios que ya han sido entregados, $4 billones de la opción tarifaria y un billón por la deuda de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos.

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“Cerca del 60 % de ese total es deuda del Estado. Lo que queremos es que paguen para no tener que apagar el servicio, porque tenemos grandes dificultades. La situación puede ser mucho más crítica porque los consumos van a estar incrementándose por las dificultades que estamos viviendo”, aseguró  José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).

El líder gremial también recordó que los comercializadores financian al Gobierno con la entrega de los subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, tal como lo estipula la ley.

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“Otorgamos los subsidios a los usuarios y luego el Gobierno nos paga, pero este año la situación es compleja. Los problemas de liquidez de los comercializadores están cercanos a $7 billones, que representan casi dos años de ingresos brutos”, enfatizó el líder gremial.

Destacó que si bien el Estatuto de Desabastecimiento contribuye a la confiabilidad del sistema, “le pone un estrés mayor, desde el punto de vista financiero, a los comercializadores y es muy difícil continuar financiando los subsidios”.

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Y agregó que “los subsidios es un tema de redistribución del ingreso y el Estado tiene la obligación de cumplir”.

Con relación a la opción tarifaria, Manzur dijo que “Cada día que pase sin que se materialice la promesa del Gobierno de asumir esos saldos, sin duda alguna eso va en contra de los usuarios”.

Fue enfático al decir que se enfrentan a una disyuntiva: “Queremos continuar financiando los subsidios y seguir pagando a los generadores, pero si no tenemos los recursos no vamos a poder cumplirles y eso va a conllevar a un apagón financiero que se puede convertir en un apagón físico”.

Mitigar riesgos

Edwin Cruz Caballero, vicepresidente de la Asociación Nacional de Generadores de Energía (Andeg), fue enfático al sostener que el Gobierno nacional debe asegurar la normal prestación del servicio de energía a los usuarios del mercado de Air-e.

“Las compras de energía de Air-e, mensualmente, son del orden de los $350 mil o $400 mil millones. Esto requiere que el Gobierno asegure los recursos para financiera la operación. Esto es pagar la energía que se compra al mercado para que los agentes térmicos puedan asegurar el flujo de caja para la compra de combustible y garantizar la prestación continua en los próximos meses”, indicó.

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De tal manera, según Cruz, se puede “mitigar el riesgo sistémico frente a un default de una empresa de comercialización tan grande como Air-e, intervenida que no pueda asumir los compromisos con el mercado de energía”.