Una nueva preocupación ronda a los gremios energéticos con relación a la intervención de la empresa Air-e. Así lo evidenció Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), quien lanzó una alerta ante el posible “desbalance financiero” que podría conllevar a afectaciones en la prestación del servicio de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
De acuerdo con el líder gremial, aún no es claro el compromiso del Gobierno para que la empresa cuente con los recursos necesarios para hacer las inversiones pertinentes y atender las contingencias que se presenten. Agregó que la situación se agrava ante la decisión de suspender el cobro de la opción tarifaria y los cobros de terceros, que disminuye los ingresos de la compañía.
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“El agente interventor no es un James Bond para tomar decisiones que después tienen que echarse para atrás. Ejemplo de esto fue la suspensión de los cobros de aseo en las facturas, aun cuando la ley así lo determina. Por solucionar un problema no podemos crear otro adicional”, aseguró Sánchez.
En ese sentido, el presidente de Andesco fue enfático al sostener que esta situación puede generar “un costo económico y social sin precedentes y el daño puede ser más grande que la solución que se está dando en este momento”.
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Asimismo, indicó que la decisión de suspender el cobro de la opción tarifaria sin el aval de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) es contraproducente para toda la región Caribe: “Esa va a ser una decisión que va a aplicarse, muy seguramente, con Afinia, porque va a haber un desequilibrio en las regiones y por ende es importante ver de dónde van a salir los recursos”.
A su turno, Edwin Cruz Caballero, vicepresidente de la Asociación Nacional de Generadores de Energía (Andeg), fue enfático al sostener que el Gobierno nacional debe asegurar la normal prestación del servicio de energía a los usuarios del mercado de Air-e.
“Las compras de energía de Air-e, mensualmente, son del orden de los $350 mil o $400 mil millones. Esto requiere que el Gobierno asegure los recursos para financiera la operación. Esto es pagar la energía que se compra al mercado para que los agentes térmicos puedan asegurar el flujo de caja para la compra de combustible y garantizar la prestación continua en los próximos meses”, indicó.
De tal manera, según Cruz, se puede “mitigar el riesgo sistémico frente a un default de una empresa de comercialización tan grande como Air-e, intervenida que no pueda asumir los compromisos con el mercado de energía”.
Las deudas vigentes
José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), recordó que los comercializadores financian al Gobierno en la entrega de los subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
“Otorgamos los subsidios a los usuarios y luego el Gobierno nos paga, pero este año la situación es compleja. Los problemas de liquidez de los comercializadores están cercanos a $7 billones, que representan casi dos años de ingresos brutos”, enfatizó el líder gremial.
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Indicó que dicha deuda corresponde a $2 billones de los subsidios que ya han sido entregados, $4 billones de la opción tarifaria y un billón por la deuda de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos.
“Cerca del 60 % de ese total es deuda del Estado. Lo que queremos es que paguen para no tener que apagar el servicio, porque tenemos grandes dificultades. La situación puede ser mucho más crítica porque los consumos van a estar incrementándose por las dificultades que estamos viviendo”, dijo.
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Destacó que si bien el Estatuto de Desabastecimiento contribuye a la confiabilidad del sistema, “le pone un estrés mayor, desde el punto de vista financiero, a los comercializadores y es muy difícil continuar financiando los subsidios”.
Y agregó que “los subsidios es un tema de redistribución del ingreso y el Estado tiene la obligación de cumplir”.
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Con relación a la opción tarifaria, Manzur dijo que “Cada día que pase sin que se materialice la promesa del Gobierno de asumir esos saldos, sin duda alguna eso va en contra de los usuarios”.
Fue enfático al decir que se enfrentan a una disyuntiva: “Queremos continuar financiando los subsidios y seguir pagando a los generadores, pero si no tenemos los recursos no vamos a poder cumplirles y eso va a conllevar a un apagón financiero que se puede convertir en un apagón físico”.
