¿Eliminar el cobro a terceros reducirá el precio de la energía para el Caribe?

La decisión por parte del agente interventor de la empresa Air-e, Carlos Diago, de eliminar de la factura de energía los cobros a terceros –tales como el alumbrado público, la tasa de seguridad y el aseo– ha sido causa de diversas reacciones.

Aunque estos cobros no hacen parte de la cadena energética, sí impactan al usuario en el valor a cancelar en la factura. Por eso, desde la compañía se ha planteado esta medida para impulsar una reducción de la facturación y así lograr un incremento en el recaudo.

Uno de los cobros de terceros que realiza la empresa Air-e en el Atlántico corresponde a la tasa de seguridad y convivencia ciudadana. De acuerdo con la administración departamental, en los últimos cuatro años se han recaudado $538 mil millones por este concepto.

Este tributo, que no se cobraría a partir de noviembre, se destina para el sostenimiento de los cuerpos de bomberos y para apoyar a las Fuerzas Armadas. Otro de los conceptos facturados por Air-e son el alumbrado público y el aseo.

Para entender un poco más el impacto de estos conceptos de terceros en la factura de energía, un hogar de estrato seis en la ciudad de Barranquilla paga $202.000 por tasa de seguridad, que representa el 14 % del valor de la factura, y en el caso del alumbrado público es de $168.000 con un cargo del 10 %.

De esta manera, de acuerdo con estimaciones de expertos y gremios, estos dos cargos más el servicio de aseo podrían representar para los usuarios del Caribe cerca del 32 % del total del recibo de energía.

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Asimismo han expuesto que al sumarles las pérdidas, opción tarifaria y cobros adicionales se llega a cerca del 60 % de lo facturado por la empresa Air-e. En ese sentido, la generación ocupa un “porcentaje mínimo” frente a otros conceptos que se incluyen en la factura.

Precisamente, otro de los anuncios por parte del agente interventor es la suspensión del cobro de opción tarifaria, que se empezó a hacer efectivo desde este mes de octubre y disminuirá cerca del 20 % el precio del kilovatio hora, lo que reflejará una baja importante en la facturación de los usuarios.

No obstante, para el sector energético queda claro que “culpar a los generadores” es no atender un problema “complejo e histórico”.

Desde distintas agremiaciones del sector energético se ha enfatizado que la única opción para bajar los costos de la tarifa de energía es a través de la inversión en nuevos proyectos de generación, el avance en la actualización y desarrollo de infraestructura de transmisión.

En la misma línea han propuesto la estabilización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para la toma de decisiones eficaces y oportunas, como vienen advirtiendo los expertos desde hace dos años.

Para el experto en temas energéticos y ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta no se pueden confundir los cobros de “otros conceptos” –impuesto de servicio de alumbrado público o aseo– con la tarifa de la energía, “porque no forman parte de ella”.

También explicó que dichos cobros se hacen efectivos con base en convenios con los municipios, “en virtud de los cuales la empresa distribuidora de energía cumple el papel de recaudadora, por el cual cobra una comisión. Por lo tanto, la suspensión o eliminación del cobro no puede determinarlo unilateralmente la empresa distribuidora de energía”.

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Para Acosta, es una “falacia hacer ver y creer que dejando de cobrar tales conceptos bajará la tarifa de energía”.

Aseguró que estos cobros, en el caso que después de llegar a unos acuerdos se deje de cobrar en la factura de Air-e, el usuario igual los tendrá que pagar por fuera de la factura de energía.

El experto señaló que tanto el cobro del impuesto de alumbrado como el de aseo están amparados en la ley.

En ese sentido, Norman Alarcón Rodas, coordinador en el Caribe de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, ha propuesto desde finales del año anterior que los impuestos de alumbrado público y tasa de seguridad se cobren aparte de la factura del servicio de energía.

“Ambos cobros en la factura de Air-e hacen que se torne más abultada e imprecisa, lo cual debía ser discutido para hacer los cambios respectivos”, indicó.

Además, señaló que dichos tributos están siendo cobrados “en forma onerosa y han ido aumentando por encima de la inflación o costo de vida”.

Por este motivo, sostuvo Alarcón, se les ha solicitado a las autoridades respectivas hacer una rebaja importante de estos tributos.

Sin embargo, el líder de los usuarios reconoció que ante la existencia de estos contratos o convenios para adelantar dichos cobros, es necesario que la empresa se siente con las entidades territoriales para evaluar la situación y buscar una salida consensuada.

Precisamente al respecto, dentro del marco legal de estos cobros, la Ley de Servicios Públicos respalda que las empresas comercializadoras recauden este tributo, al igual que la Ley 1819 de 2016, de la reforma tributaria estructural, que dice en el artículo 352 que “el recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el municipio o el Distrito o comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios”.

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Una vez se conoció la decisión del agente interventor, el gobernador Eduardo Verano la calificó como “improvisada” y que pone en riesgo la seguridad del departamento y además afectarían las inversiones del sector privado.

Para el mandatario departamental eliminar el cobro de los terceros solo es “algo cosmético” que no reduce el costo de la energía y sí causaría un “daño muy grande porque ataca un impuesto fundamental para la seguridad”.

Al referirse a la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, el mandatario aseguró que bajo las leyes 142 y 143 de 1994 se reglamenta dicho cobro, en especial sobre quiénes son los responsables de liquidar, recaudar y declarar la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.

Y agregó que este impuesto no puede ser vulnerado por funcionario o servidor alguno: “Si el departamento deja de percibir estos recursos, será el Gobierno nacional quien asuma estos pasivos, es decir, la responsabilidad de invertir en materia de seguridad, construir espacios para la sana convivencia como plazas y parques, casa refugio para proteger a las mujeres ante riesgo de violencia en el seno de su hogar y optimizar el alumbrado público”.

Ante la situación de incertidumbre que se ha creado por la decisión tomada por el agente interventor de Air-e, Carlos Diago, se prevé que en los próximos días se lleve a cabo una mesa de concertación, atendiendo la posición del ministro de Minas y Energía y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios frente a la suspensión de este recaudo.

Esta mesa se realizaría con el gobernador Eduardo Verano, quien aseguró que está dispuesto a participar en una mesa de concertación con Air-e, en caso de ser convocado, para llegar a acuerdos sobre el recaudo de la tasa de seguridad.

Aunque afirmó que hasta el momento no lo han citado, sí está pendiente y “dispuesto” a participar en estos espacios donde defenderá el cobro de terceros.

Cabe recordar que la empresa Air-e opera en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, y actúa como facturador de varios conceptos adicionales a la tarifa de energía. La tasa de seguridad y convivencia ciudadana se recauda únicamente en el Atlántico, y se aplica a usuarios residenciales, comerciales e industriales. El servicio de aseo en el Atlántico se factura en los municipios de Campo de la Cruz, Candelaria, Malambo, Manatí, Repelón, Santa Lucía y Suan.

En La Guajira, este servicio se cobra en Riohacha y en cinco municipios más. En el Magdalena, se recauda en Santa Marta, en cinco municipios adicionales y en la Zona Bananera.

El alumbrado público se factura en todos los municipios donde Air-e opera, según lo establecido en los acuerdos o estatutos tributarios definidos por cada municipio.

Luego de varias mesas de trabajo y a pesar de cumplir con los criterios para la terminación de los contratos de energía asociados a la mora en los pagos de compra de energía, Isagen acordó con el agente interventor la continuidad de los mismos en beneficio de los usuarios de la región.

Estos contratos le permiten a Air-e contar con energía a un precio fijo evitando así su exposición al precio de bolsa, en beneficio de los usuarios.

“Desde Isagen, estamos dispuestos a seguir apoyando a la Superintendencia de Servicios Públicos en este proceso de intervención para buscar soluciones sostenibles”, dijo Isagen.

En el marco de la Ley 142 de 1994, su artículo 148 define en requisitos de facturas que “no se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos”.

En el contrato de Air-e en la cláusula 15 hace referencia a valores del recaudo del impuesto de alumbrado público u otros tributos.