A pesar de que ya se publicó la hoja de vida de Libardo Yanod Márquez para el cargo de superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga se encuentra a la espera de una respuesta sobre su continuidad en el cargo tras haberle presentado su renuncia al presidente Gustavo Petro.
En entrevista con EL HERALDO, el funcionario se refirió a los logros que ha tenido en su gestión, así como a las dificultades que han hecho frente en el proceso de intervención a Air-e, que cumplió un mes y se plantea como el pilar para la construcción de una solución concreta a la crisis energética en el Caribe colombiano.
¿Cuáles han sido las principales gestiones de su periodo como superintendente de Servicios Públicos?
Cuando entramos a la Superintendencia encontramos que las relaciones con la comunidad estaban muy relacionadas con quejas y reclamos; pudimos observar que con quejas y reclamos no se resuelven los problemas.
Entonces empezamos a clasificar los problemas sobre los cuales la gente se quejaba. Hay algunos que pueden ser solucionables a través de reclamaciones con las personas, como el caso del cobro promedio. Hay otros que son más estructurales, pero de regulación. Por ejemplo, el caso de las altas tarifas.
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Cuando uno va a la Costa, la queja más grande es las altas tarifas de la energía. Y así empezamos a ser parte también de una articulación con las entidades nacionales, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Vivienda, que maneja los acueductos y el agua.
Es decir, no solamente nos quedamos atendiendo quejas y reclamos, porque son innumerables, empezamos a buscar articulación con las entidades del Estado para resolver, para dar soluciones estructurales a los problemas de la comunidad.
El segundo cambio es, tratando de evitar tantas cartas a las empresas, empezamos a clasificar y visitar a las empresas como Superintendencia, a invitarlos a reuniones con los usuarios para ir resolviendo en la medida de que se acumulaban algunas quejas del mismo sitio sobre el mismo problema.
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Empezamos a hacer encuentros territoriales, encuentros en capitales, donde la gente con las empresas dialogaban. Nosotros reestructuramos también la Superintendencia porque desafortunadamente solamente tiene personal en siete ciudades capitales. Hemos querido fortalecer que en cada capital del país y en algunas otras ciudades pudiera estar presente la Superintendencia para atender las quejas, para orientar y responder de una manera más eficiente a las comunidades.
Encontramos que a los acueductos comunitarios se les trataba sin ninguna diferencia con las grandes empresas. Entonces empezamos a revisar eso y a darles un trato diferencial porque son comunidades que hacen autogestión de servicio público.
Empezamos también a articular con el Gobierno nacional los problemas de solución a los servicios públicos. Hemos estado participando en la reforma a la Ley 142, en la modificación a la estructura tarifaria de la energía, articulando con el Ministerio, con el Presidente de la República y con la Creg.
En el marco de este periodo, la Superintendencia ha tenido que hacerle frente a la crisis de Air-e. ¿Cómo se llegó a la decisión de intervenir la empresa? ¿Qué resultados se han logrado?
Apenas llevamos un poco tiempo en este proceso. Nosotros hemos intervenido varias empresas, especialmente de aseo y acueductos. En energía, como es un problema tan complejo en el país y especialmente en la costa Caribe, pues toca ser más cuidadosos porque no queremos que se presente toda la historia de los fracasos que han existido en las soluciones del Estado, desde la privatización de las Electrificadoras de la costa hasta que llegaron a Electricaribe y después se le entrega a Afinia y a Air-e.
A pesar de todo, el problema de la energía en la costa sigue presentándose. Nosotros iniciamos revisando los contratos del Gobierno nacional con Aire y con Afinia para saber cuáles fueron los términos, los acuerdos, las obligaciones, los deberes que se habían comprometido las empresas con los usuarios.
Encontramos que el problema subsiste y las tarifas se elevaron. A partir de esa contratación o entrega por parte del Estado se elevaron las tarifas y estamos articulando con el Estado las decisiones que tuvimos que tomar.
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Después se tomó la decisión de evaluar las quejas y los problemas que se venían presentando, las situaciones que habíamos detectado en el cumplimiento de las obligaciones y deberes con Air-e, así como la situación financiera en la que venía incurriendo la empresa y las quejas de atención al público.
La Superintendencia, previo al concepto de la Creg, optó por intervenir. Obviamente hemos tenido problemas con la información, porque–en los días antes de la intervención– se habló de un virus o un hackeo al sistema de Air-e donde se perdió mucha información contable, financiera, de facturación. En este momentos estamos tratando de recuperar esa información para hacer un diagnóstico sobre el estado de la empresa.
Hemos tratado, a pesar de las dificultades, atender a los usuarios y prestar el servicio aunque con las dificultades propias de una empresa que se recibe sin la información necesaria, sin recursos y con deudas. Al parecer también hay acreencias de gente que no paga y así estamos tratando de sacar la empresa adelante para atender de mejor forma a los usuarios.
Estamos estudiando cómo podemos buscar una solución integral a la crisis de energía a través de la intervención de Air-e, con unos acuerdos, incluso, con algunos sectores privados y públicos y evitar que se vuelva a repetir lo de Electricaribe.
Hablemos un poco de los contratos de venta, ¿qué encontraron en ellos?
Nosotros hemos dicho que casi se les entregó con la cédula, o sea, unas sumas muy bajitas.
Yo no quiero hablar ahora de cifras, pero quiero referirme al compromiso de esas empresas empresas de hacer unas inversiones que en ese tiempo se tasaron en 5.3 billones de pesos, que era como una parte de pago que hacían.
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El compromiso de hacer esas inversiones era para disminuir pérdidas y mejorar las redes de distribución, las torres y los transformadores, para mejorar la atención, todo lo que hubiera que invertir para mejorar el servicio. Sin embargo, después cuando presentaron la solicitud a la Creg por los 5.3 billones de pesos, solamente les aprobó 3.1 billones de pesos y no sabemos qué pasó con los otros 2 billones.
Estamos verificando las inversiones que se comprometieron y que fueron aprobadas por la Creg.
Consideramos que aún falta mucho, no se han hecho todas esas inversiones y pues las quejas que se presentan en las distintas regiones pues son bastante lamentables sobre la calidad, sobre los cortes, sobre la continuidad y especialmente sobre las altas tarifas ocasionadas por la falta de inversiones.
¿Cómo avanzan las investigaciones que la Superintendencia venía realizando contra Air-e desde antes de la intervención?
Veníamos haciendo unas investigaciones por algunas situaciones que se han presentado y relacionada con informaciones contradictorias. Encontramos alguna situación de compra de energía demasiada costosa. Son investigaciones que adelantamos a partir de los descubrimientos de irregularidades en Urrá.
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Al parecer, Air-e tenía alguna situación de contratación con Urrá. A eso se suma que hemos encontrado que hay mucha intermediación, hay muchos intermediarios que no son ni generadores ni distribuidores ni comercializadores, pero que participan en contratos que estamos investigando porque inciden mucho en la especulación, en los precios especulativos de las tarifas de la energía.
Hace algunos días se conoció la hoja de vida del próximo superintendente de Servicios Públicos. En ese sentido, ¿a qué se debe su salida del cargo?
Yo acostumbro que en los lugares que he trabajado que después de un año, y ya llevo dos, pongo a consideración del jefe –en esta caso, el presidente de la República– la evaluación de la gestión y poner a su disposición la continuidad en el cargo.
Hasta el momento, aún no se me ha dado respuesta a pesar de que hay una persona de la que se publicó su hoja de vida. No he recibido una aceptación de la renuncia ni notificación del nombramiento del reemplazo.
Entonces sigo esperando que el presidente decida aceptar la renuncia o la continuidad en el cargo. El presidente es el jefe y es el que decide.
En el caso de que se acepte su renuncia y llegue un nuevo superintendente, ¿cuáles son los retos que debe atender de forma prioritaria?
El principal reto es la energía en la costa Caribe. También sacar la responsabilidad de la intervención de Air-e para que mejore la prestación del servicio, consolidarla y, ojalá, a partir de ese proceso hacer un grupo empresarial para la Costa.
Ya hay una intención de varios gobernadores de crear una empresa de energías alternativas y considero que podría hacerse un grupo interesante, constituyendo una empresa público-privada o mixta, donde ojalá el Estado no pierda el control, pero que haya unos gobiernos corporativos y estén presentes la sociedad, el empresariado, los usuarios, los trabajadores que tengan sentido de pertenencia y que se preocupen no solamente por el negocio, sino por prestar un buen servicio de energía a los usuarios.
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Con el Gobierno se debe impulsar la articulación y regulación de las comunidades energéticas para que las comunidades participen en la autogestión del servicio público de energía.
Se debe ordenar el territorio alrededor del agua, porque ya todos hemos advertido que el agua cada vez escasea más y no pueden las ciudades seguir creciendo si no han resuelto el problema del agua. Ya en Bogotá, por ejemplo, estamos viendo el problema del agua porque se sigue expandiendo en las ciudades y no estaba previsto que el agua pueda llegar a escasear como lo han advertido los expertos.
Tenemos que mirar también el saneamiento ambiental, el cuidado de las fuentes hídricas, las plantas de tratamiento de aguas residuales que están contaminando todas las fuentes hídricas y en materia de aseo estamos también en una transición del modelo de rellenos sanitarios a basura cero.
La Superintendencia debe impulsar y vigilar que estos programas de transición de los servicios públicos se conviertan en una realidad para ayudar a mitigar un poco la crisis climática, porque todos los servicios públicos son contaminantes.
