La Defensoría del Pueblo en el Atlántico queda fortalecida y con muy buenas herramientas. Así lo aseguró el saliente defensor Miguel Linero de Cambil Álvarez, quien entregó a EL HERALDO un balance del trabajo ejecutado en el departamento, desde su llegada en enero del 2021, los logros alcanzados y los retos que le quedan al Ministerio Público en adelante.
Señaló que se procuró fortalecer los sistemas de información, la infraestructura y aumentar la capacidad operativa de la Defensoría para seguir cumpliendo su labor de conciliadores y amplificador de esas voces de la comunidad ante el Estado y las instituciones.
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“Queda una Defensoría fortalecida, con muy buenas herramientas. Hubo un gran liderazgo del anterior defensor nacional, Carlos Camargo, en fortalecer los sistemas de información, en mejorar las infraestructuras. En el Atlántico éramos 45 funcionarios de planta y ahora son 68, eso permite hacer un impacto mayor. Asimismo, se aumentó la flota de vehículos, pasando de uno, que ya estaba viejo, a dos completamente nuevos para recorridos en Barranquilla y municipios”, dijo Linero.
Por otra parte, manifestó que durante estos cuatros años a cargo se aumentó el número de defensores públicos y se inauguraron laboratorios forenses de evidencia digital para mayores herramientas en la labor de los funcionarios en casos del departamento.
“La labor de la defensoría pública es súper importante, es ese abogado que está para el que no tiene cómo pagar uno. La Defensoría termina entonces con 265 defensores públicos, con un laboratorio forense de evidencia digital que tiene una capacidad técnica para el análisis y un equipo de investigadores que están muy bien capacitados, con psicóloga y médicos forenses. Queda con buenas herramientas y mejorados los sistemas de información”, anotó.
Linero de Cambil sostuvo que los retos que le quedan al Ministerio Público es continuar con esta labor de acompañar a las comunidades, ir más a territorio y procurar mantener ese rol de mediador, garante y agente articulador entre la sociedad civil y las autoridades.
“Considero que la labor de defensa de derechos humanos es mayormente en territorio, pero se tiene que entender cómo hacer unos buenos documentos de advertencia y de alertas para abordar los casos de manera integral y eso lo viene haciendo muy bien la Defensoría. Tenemos un país con muchas dinámicas sociales y un departamento del Atlántico con un dinamismo tremendo, con muchas oportunidades de desarrollo, de inversión, en materia medioambiental y eso va muy de la mano de los derechos humanos. Que la figura del defensor siga teniendo esa importancia, legitimidad y trabajando unida al Ministerio Público. Queda la Defensoría con unos muy buenos procesos”, precisó el ahora exfuncionario.
En esa misma línea, aseguró que se hizo ya un primer empalme con el nivel nacional en cabeza de la defensora Iris Marín Ortiz y a nivel departamental con el defensor encargado José Hilario Bossio. De este último, resaltó que tiene “muy buena experiencia”.
“Se hizo un empalme de todo lo misional y lo administrativo, quedó él (Bossio) con el equipo de trabajo y con el reto de continuar con estas importantes labores y que el impacto sea positivo. Cuando el impacto es positivo de la Defensoría del Pueblo es porque los derechos humanos se están respetando y que se mantiene esa articulación de la sociedad civil y las autoridades”, apuntó Linero.
Peaje Papiros
El saliente defensor Miguel Linero de Cambil también se refirió a temas clave en los que la Defensoría del Pueblo ha estado trabajando activamente. Uno de esos es el peaje Papiros, en Puerto Colombia.
Señaló que se ha venido trabajando con la comunidad que ha protestado contra la caseta durante más de 20 años. Sostuvo que en respuesta a las manifestaciones en febrero de 2023, la Defensoría participó en la mediación entre la comunidad y autoridades como el Ministerio de Transporte y la Gobernación del Atlántico, en donde se organizaron mesas de trabajo para escuchar a la comunidad y generar compromisos.
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Entre esos acuerdos surgió la habilitación de la antigua vía a Barranquilla-Puerto Colombia, la instalación de luminarias en la zona, así como la suspensión del cobro para vehículos categorías 1 y 2, mientras se desarrollaban los diálogos en búsqueda de una solución de fondo.
Linero expuso que el seguimiento a los compromisos adquiridos ha sido crucial, y que se ha trabajado en conjunto con la Procuraduría, que interpuso una acción popular contra el peaje por considerar que vulnera derechos colectivos.
Recomendó en que se mantenga un canal de comunicación abierto y dinámico entre las autoridades y la comunidad para evitar confrontaciones que no llevan a la solución. Además, señaló que cualquier decisión que se tome sobre el peaje debe estar acorde a la ley y sobre todo atendiendo la realidad del departamento.
Indicó reevaluar la ubicación del peaje y sus tarifas, es fundamental para evitar futuros conflictos y garantizar la seguridad vial.
