Los gremios en Atlántico y Bolívar han vuelto a expresar su rechazo al proyecto del Gobierno nacional de poner en marcha el cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
El Comité Intergremial de Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar anunciaron que seguirán la batalla jurídica ante los “vicios de nulidad” que tienen las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para adelantar este proceso.
“Es claro que estas resoluciones contravienen normas legales establecidas para cobrar este tipo de valorización. Seguiremos por la vía jurídica para evitar este cobro por una vía que aún tiene 60 kilómetros en calzada sencilla y que seguramente seguirá así, aunque el Gobierno siga adelante con esa contribución”, aseguró Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico.
En ese sentido, el líder gremial recalcó que el cobro de valorización se convierte en una “amenaza de confiscación”, puesto que “porque puede llevar fácilmente a los propietarios de los predios gravados a incumplir con los pagos y en consecuencia a ser sujetos de instrumentos de cobros coactivos que podría llegar incluso hasta el remate de los inmuebles”.
A su turno, Juan Camilo Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar, fue enfático al sostener que el Instituto Nacional de Vías (Invías) debe derogar las resoluciones que permiten el cobro de valorización y esperar que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la legalidad del mismo.
“Aquí se ha adelantado un proceso sin tener estudios técnicos apropiados, la entidad que expide las resoluciones no es competente para ello y no se ha delimitado de manera adecuada el área de influencia y el beneficio real que tendrían los predios”, expuso.
El líder gremial de Bolívar calificó como “inaceptable” que se pretendan cobrar por “unas obras que se entregaron oficialmente en el año 2021, aunque amparados en una ley de 2022, y que una junta sin representación de la región decida a qué lugar del país van los recursos. Esto va en contra del principio constitucional de irretroactividad tributaria”.
Cabe recordar que el cobro de valorización fue proyectado por el Ministerio de Transporte a un total de 248 mil unidades prediales ubicadas en Cartagena, Santa Catalina, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo.
Por medio de esta contribución se esperan recaudar cerca de $2.3 billones. Según las estimaciones de la cartera de Transporte, las primeras notificaciones de pago llegarán a partir del mes de noviembre, mientras que los pagos se deberán realizar desde marzo del próximo año.
