El desarrollo de los proyectos de infraestructura en el Caribe demanda que se adopten transformaciones en los procesos de socialización de proyectos, así como darle celeridad a la expedición de las autorizaciones ambientales y presupuestales.
Esa fue la propuesta hecha por los congresistas del Caribe que participaron en un panel del XV Encuentro Regional de Infraestructura, que fue organizado por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Seccional Norte.
De esta manera, de acuerdo con los miembros de la Bancada Caribe, se podrán reducir los traumatismos para la implementación de proyectos clave como la APP del Canal del Dique, Autopistas del Caribe y la modernización de varios aeropuertos en la región.
Dependencia administrativa
El senador Carlos Meisel aseguró que el principal obstáculo radica en la falta de una visión a mediano y largo plazo desde el sector institucional.
“Debe estar claro que hay valores que deben resguardar los gobiernos de todos los partidos. El desarrollo, la economía, la infraestructura y la iniciativa privada deben cuidarse”, sostuvo.
El congresista del Centro Democrático también anunció que el Estado debe incrementar la eficiencia en la inversión de recursos: “Un país no puede seguir funcionando cuando la inversión privada tiene tantas incertidumbres en un futuro; nos vamos a volver un país inviable por falta de credibilidad y planeación”.
Por otro lado, Meisel indicó que existe una marcada dependencia administrativa, que corresponde a la “tramitología y aprobaciones que deben surtir los proyectos”, así como la dependencia presupuestal.
“El Gobierno nacional está obligado a girarle a los entes territoriales a través del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. Solo el 36 % del presupuesto nacional, que para 2024 fue aprobado en $503 billones, es enviado a los territorios”, anotó.
También se refirió a una serie de “problemas conceptuales” que deben ser abordados de manera contundente, haciendo referencia a los alcances de las consultas previas y las licencias ambientales.
“Corresponde implementar una reglamentación distinta porque lo estamos sufriendo en la gran mayoría de los proyectos de infraestructura son atrasos por estos instrumentos. No estoy diciendo que los proyectos no deben socializarse, pero otra cosa es quedar presos en manos de unos pocos que se organizan en nombres de minorías y atrasan los proyectos”, enfatizó.
Evitar limbos
El senador Jorge Benedetti, de Cambio Radical, referenció la necesidad de que el Gobierno adopte bajo decisiones técnicas y estructuradas que “a veces no son las más populares, pero tienen que ir en la misma vía del interés general del país”.
En ese sentido, explicó que “es fácil hacer política destrozando los peajes, pero son la herramienta por naturaleza que sostienen los modelos concesionados para mantener y construir nuevas vías, sin que salgan recursos del presupuesto nacional”.
Cuestionó el “limbo” en que se encuentra el proyecto Autopistas del Caribe debido al impedimento para retomar el cobro del peaje de Turbaco, a pesar de que la iniciativa busca conectar con doble calzada a Barranquilla y Cartagena a través de la Cordialidad.
“A la gente se le olvida que si el concesionario sale, el peaje queda, lo asume el Invías. Y lo que recaude el peaje se va a una bolsa, con la cual pueden invertir en otras zonas del país”, anotó el congresista.
En la misma línea, Benedetti expuso que por eso el Congreso debe mantener un rol de control político riguroso, pero sin cerrarse al diálogo: “La infraestructura es un sector que jalona la economía natural y no puede verse inmerso en un debate político e ideológico que no le hace bien a nadie. Por eso la invitación es al diálogo”.
Falta de confianza
Para la representante Saray Robayo, abordar el desarrollo del sector de la infraestructura conlleva a que se analicen los avances en inversión y ejecución presupuestal por parte del Gobierno.
“El presupuesto de la Nación, a corte de septiembre, va en una ejecución del 54 %, cuando debería estar por el orden de 75 %. A diario vemos que el Gobierno está improvisando con la ejecución y con las necesidades básicas de Colombia”, expuso la congresista cordobesa.
Indicó que el principal freno al desarrollo ha sido la falta de confianza en las políticas del Ejecutivo: “Hay un problema de centralismo y es algo estructural que viene desde hace mucho tiempo y maltrata mucho a las regiones”.
Fue enfática al sostener que el Caribe colombiano cuenta con los recursos para convertirse en una potencia en materia portuaria y fluvial, por lo que se requiere mayor apoyo por parte del Ejecutivo.
“Tenemos que seguir en nuestra labor parlamentaria, siempre propendiendo por una región Caribe más descentralizada, con autonomía presupuestaria, en materia de planeación, en materia financiera”, puntualizó.
