Los procesos legales instaurados en contra del proyecto para el cobro de valorización, liderado por el Gobierno nacional, a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, siguen en trámite.
La firma Aroca Vives Abogados, que representa a la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en este proceso, precisó que la demanda fue repartida en la Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, a la consejera ponente Stella Jeannette Carvajal Basto, y que se encuentran a la espera del pronunciamiento del despacho sobre la admisión de la misma y la medida cautelar de suspensión provisional solicitada.
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“De acuerdo a nuestra experiencia, estimamos que el trámite de la medida cautelar podría tardar de 2 a 3 meses. Si el Consejo de Estado accede a esta, la totalidad del cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) quedaría suspendida, al menos hasta que el mismo tribunal decida de forma definitiva sobre la nulidad de la misma”, refirió la firma de abogados.
Sostuvo, además, que en caso de ser admitida la demanda el Consejo de Estado procederá a notificar al Invías, y posteriormente esperar la contestación del recurso legal. Luego se practicarían las pruebas que estime adecuadas para el caso presente, y se proferirá sentencia de única instancia.
“De acuerdo a nuestra experiencia, estimamos que estos procedimientos pendientes podrían tomar entre 1 y 2 años en su integridad. Y, en caso de determinar la nulidad de la Contribución Nacional de Valorización, el Invías no podría proceder a recaudarla”, anotó.
Cabe recordar que Camacol, a través de Aroca Vives Abogados, presentó el 24 de julio de 2024, la demanda de nulidad contra las Resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 del Director General del Invías, y contra los Acuerdos 2 de 2023 y 4 de 2024 del Consejo Directivo del Invías, por “violación de principios constitucionales de los tributos en Colombia, ilegalidades cometidas en el procedimiento de imposición, y retroactividad y confiscatoriedad del tributo”.
Otros procesos
El senador Carlos Meisel señaló que la acción popular que instauró en contra del cobro de valorización se encuentra surtiendo sus trámites. Indicó que ha sido un proceso “duro”, sin embargo, destacó que vaya a rendirse en esta pelea jurídica.
“Ha sido un proceso muy duro, de respuestas largas, pero no podemos rendirnos. Tenemos que seguir en la lucha jurídica y acompañar las otras. Yo siento que la gente empezó a resignarse y ese es el peor camino. Tenemos que hacer uso de todas las herramientas legales que nos permitan defender la región de este golpe. La ministra tiene la firme decisión de atropellarnos, está en nosotros rendirnos o seguir luchando”, expresó.
Hizo un llamado a la ciudadanía de seguir expresando y reclamando ante el Gobierno nacional el cobro de este gravamen que consideró “injusto”.
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Entretanto, el senador Mauricio Gómez sostuvo que su demanda ante la Corte Constitucional se encuentra en revisión para ser admitida. Precisó que en estos momentos no hay claridad regulatoria y normativa de dónde se van a invertir los recursos que se recojan de este tributo.
“La ministra María Constanza García debe dejar de actuar con soberbia y entender que esto no es un debate político en contra de la Costa Caribe. Es la gente de a pie la que se verá afectada con esta valorización, que por donde se vea, es inequitativa. Sabemos y entendemos la importancia de la valorización para las obras que necesita la región. Sin embargo, no puede el Atlántico costear obras en otras regiones del país y mucho menos que esto sea excusa para que no se realicen las obras. Esto es absurdo y completamente inequitativo”, apuntó.
Gómez lamentó que hoy la región Caribe no tenga representación en el gabinete y cuestionó el hecho de que los actuales ministros –según dijo– desconozcan la realidad del departamento del Atlántico.
“Los grandes afectados, sin duda, serán universidades, colegios, pequeñas empresas, la clase media de los departamentos de Bolívar y Atlántico”, finalizó.
