Las dificultades para acreditar el cierre financiero tienen a Autopistas del Caribe ad portas de su liquidación anticipada. A pesar de que se ha desplegado una serie de acciones para viabilizar el proyecto, la imposibilidad de reanudar el cobro en el peaje de Turbaco pone en aprietos a la concesión.
A través de una carta, que fue conocida por EL HERALDO, la entidad dio a conocer al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, que ante el actual panorama era “inaplazable” que se emprendieran una serie de análisis para tomar una decisión con relación al contrato de concesión.
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En el documento, que fue enviado el mes anterior, la ANI puso de presente el “limitado margen de maniobra” que permite este tipo de contratos: “Para llevar a cabo este tipo de proyectos mediante contratos de concesión bajo la modalidad de Iniciativas Privadas se estructuran modelos financieros que dependen del recaudo de peajes como fuente esencial para su ejecución”.
Asimismo, la entidad expuso que –a corte de junio de 2024– se han realizado compensaciones por $84.092 millones al concesionario por el no recaudo en el peaje de Turbaco. Para tal fin se han utilizado los recursos destinados para “atender contingencias durante su ejecución y/o realizar obras menores no previstas en el alcance del contrato de concesión”.
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En ese sentido, indicó que “dado el porcentaje de participación que representa este peaje en el proyecto, esta situación impacta directamente la viabilidad del mismo”.
La ANI también recalcó que desde 2021 se han realizado más de 16 mesas de trabajo con la comunidad, en las cuales se han expuesto diferentes alternativas para alcanzar consensos. En ese sentido, indicó que el proyecto no ha logrado superar la fase de preconstrucción ante la oposición de las comunidades al proyecto de concesión.
“Hemos llegado a escenarios en los que la contribución fuera mínima y orientando este recaudo, escasamente, a las tareas de operación y mantenimiento de los tramos utilizados por estas comunidades. No obstante, ninguna de estas posibilidades fue aceptada por quienes se presentaron como voceros de la población”, agregó.
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Puso de presente que el proyecto contempla la intervención en nueve unidades funcionales, que comprenden una longitud de 253 kilómetros (ver infografía) en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
También recalcó que el proyecto contempla una inversión de $2.3 billones en capex (desarrollo de obras) y $4.4 billones en opex (labores de mantenimiento): “A diferencia de las Iniciativas Públicas, las IP no cuentan con la posibilidad de incluir fuentes de financiación provenientes del Presupuesto General de la Nación en forma de vigencias futuras, sino exclusivamente de los ingresos generados por los peajes”.
¿Qué pasará con el peaje?
Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte, aseguró recientemente a EL HERALDO que si se finaliza la concesión, el peaje de Turbaco no será retirado, sino que será operado por el Instituto Nacional de Vías (Invías).
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“Lo complejo de esto es que si se va la concesión, los peajes van a seguir”, enfatizó el líder gremial.
