Este domingo la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, respondió en un hilo de mensajes a través de su cuenta en X (antes Twitter) a los cuestionamientos que formularon diferentes sectores contra el cobro de valorización, en el conversatorio ‘Análisis del Cobro de Valorización y su Impacto en Atlántico y Bolívar’, organizado por Camacol, EL HERALDO y El Universal.
En su mensaje la ministra asegura que la valorización que comenzará a cobrar el Gobierno nacional se ajusta a los preceptos establecidos en la legislación colombiana y en las normas regulatorias de este tipo de contribuciones.
Seguidamente, explica que el cobro de la valorización se basa en el método de distribución estipulado en la ley, el estudio de capacidad de pago, la determinación de beneficios y las exenciones o tratamientos preferenciales para los propietarios de predios que no reúnan las condiciones socioeconómicas para hacer esta contribución.
Sobre este último aspecto, la ministra indica que la contribución no es equitativa porque se cobrará a los propietarios de predios que tienen capacidad de pago y poseen más de dos propiedades.
Es así como, según la jefe de la cartera de Transporte, quedarían exentos del cobro quienes pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, así como a aquellos inscritos en el Sisbén A y B que posean Unidades Agrícolas Familiares.
No es inequitativa: Se cobra a quienes tienen capacidad de pago y poseen más de dos propiedades. Por el contrario, están exentos quienes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, así como aquellos inscritos en el Sisbén A y B que poseen Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
“No pagan la #Valorización las personas con bajos o escasos recursos económicos. Para proteger las pequeñas economías, se realizó un estudio de capacidad de pago en el que se analiza la situación socioeconómica de los propietarios”, escribió la ministra en uno de sus trinos.
Finalmente, dijo en otro trino: “La Contribución Nacional por #Valorización no es un impuesto, no detiene el desarrollo económico de la región, ni es un mecanismo “improvisado” para financiar proyectos de infraestructura”.
Durante el conversatorio, diferentes sectores señalaron en el conversatorio que el Gobierno no puede seguir tomando “decisiones improvisadas” que ponen en riesgo a la ciudadanía.
“El Gobierno no ha hecho más nada que darle golpes y golpes a la gente pobre, al Caribe. No nos vamos a dejar aplastar, somos una región golpeada, pero luchadora y fuerte. Por eso lo único que nos queda es seguir unidos y luchando en este propósito”, sostuvo el presidente de la Junta Directiva de Camacol, Jorge Segebre.
Por su parte, el presidente del Comité Intergremial, Efraín Cepeda Tarud, dijo que los habitantes de la región Caribe se “han convertido en los hijos de menos madre”, que vienen a recaudar $1.8 billones para financiar nuestros proyectos, cuando en otras regiones se comprometen con el desarrollo de obras hasta por $10 billones.
