“No vamos a negociar algo que es ilegal”. Bajo esa premisa, desde Atlántico y Bolívar se ha emprendido una cruzada para hacer frente al cobro de valorización que se ha planteado desde el Gobierno para los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
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Desde distintos sectores se han venido presentando acciones jurídicas con el objetivo de frenar el proceso ante las afectaciones que generaría para la competitividad y el desarrollo económico de los dos departamentos.
Así lo recalcaron los líderes gremiales y congresistas que participaron en el conversatorio ‘Análisis del cobro de valorización y su impacto en Atlántico y Bolívar’, el cual fue organizado por Camacol, EL HERALDO y El Universal.
En medio de su intervención, Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, fue enfático al sostener que el rechazo a este proceso radica en que el Gobierno no puede seguir tomando decisiones “improvisadas” que ponen en riesgo a la ciudadanía.
(“Esperemos que de aquí al mes de marzo podamos tumbar el cobro de la valorización”)
“El Gobierno no ha hecho más nada que darle golpes y golpes a la gente pobre, al Caribe. No nos vamos a dejar aplastar, somos una región golpeada, pero luchadora y fuerte. Por eso lo único que nos queda es seguir unidos y luchando en este propósito”, sostuvo el líder gremial.
A su turno, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, indicó que el sector productivo se encuentra comprometido con transitar en la ruta para evitar que se materialice dicho cobro.
En ese sentido, indicó que los gremios del departamento y de Bolívar han venido sumando esfuerzos en el marco de esta “batalla” contra un cobro “inequitativo” a pesar de la deuda histórica del Gobierno en relación a la conectividad en el Caribe.
“Los territorios que impacta tienen grandes ventajas para el desarrollo turístico e inmobiliario. Son dos actividades que permiten la generación de empleo y de bienestar para sus habitantes. Con la valorización le estamos quitando la oportunidad a estos municipios por fuera de Barranquilla y su área metropolitana de que se unan a la generación de riqueza y prosperidad”, sostuvo.
Cepeda agregó que es “importante” que desde el Consejo de Estado se haga un pronunciamiento alrededor de las consideraciones de la demanda presentada en conjunto con los gremios de Bolívar.
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“Los del Caribe nos hemos convertido en los hijos de menos madre, que vienen a recaudar $1.8 billones para financiar nuestros proyectos, cuando en otras regiones se comprometen con el desarrollo de obras hasta por $10 billones”, proclamó.
El líder gremial recordó que Gustavo Petro durante su periodo como alcalde de Bogotá solicitó al Concejo que se derogara la valorización para proceder a financiar las obras estratégicas de movilidad con créditos para disminuir la desigualdad.
“Lo que está diciendo es que la valorización genera desigualdad. Ahora, 11 años después, el presidente Petro dice que los que nos oponemos a la valorización es por egoísmo social. No hay coherencia en ese sentido”, remarcó.
Por su parte, Juan Camilo Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar, dijo que esta exigencia económica se realiza en un “momento difícil de la economía”, que se suma a las reformas que lidera el Gobierno. Asimismo, recalcó que es una “afrenta” contra la descentralización del país.
“Esto genera un conflicto regional, porque es una decisión que se toma desde Bogotá. Cabe recordar que el primer proyecto que estaba en la lista era la autopista norte de Bogotá y en segundo sentido estaba el proyecto Bogotá-Girardot. El tercero era Cartagena-Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad”, comentó.
Enfatizó que se viene estudiando la posibilidad de interponer una demanda contra la resolución de distribución expedida en agosto de año por el Invías, que sería adicional a la demanda que ya se presentó junto a Intergremial del Atlántico.
Anunció, además, que se ha proyectado la construcción de una hoja de ruta que permita a los ciudadanos acceder a información alrededor de este proceso y puedan proceder a expresar su rechazo al proceso.
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Y por otro lado, Oliveros dijo que “no debemos estar en contra del instrumento, porque puede funcionar; en lo que hacemos énfasis es que el proceso se debe hacer correctamente y que se plantee la valorización desde su estructuración”.
A su turno, Irvin Pérez, gerente de Camacol Bolívar, remarcó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) viene engañando a los ciudadanos con relación al proceso de actualización predial, puesto que “con mala fe están llevando a que acepten el proceso”.
Además, cuestionó que este proceso sea liderado por el Invías, cuando la ley sostiene que el sujeto que puede hacer el cobro es el dueño de la vía: “El Invías ha dicho, en respuesta formal, que el proyecto es de la ANI. Eso no tiene sentido y es el principal argumento jurídico para combatir el cobro”.
Defensa jurídica, única vía
De acuerdo con el senador Carlos Meisel, la única vía de defensa que existe corresponde al plano jurídico. Puso de presente que el cobro de valorización se puso en marcha por parte del Gobierno con la aprobación de una serie de leyes, entre ellas, el Plan de Desarrollo.
En ese sentido, recalcó que no se debe “romantizar” el proceso, puesto que se constituye en un “atropello” para los habitantes de la región. Además, fue enfático al sostener que el actual plan del Gobierno nacional es avanzar en el cronograma mientras se resuelven los procesos jurídicos.
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El congresista del Centro Democrático cuestionó que las socializaciones que se han adelantado por parte del Invías no han contado con presencia masiva de la comunidad: “A ellos no les interesa la realidad económica de los contribuyentes, porque la base de liquidación sigue siendo el avalúo comercial”.
Meisel también enfatizó que el Gobierno “con argumentos no va a entender; al contrario, se puede radicalizar más, aun cuando hay muchas injusticias en los más de 147 mil predios que piensan empezar a grabar”.
Con relación a la acción popular que presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el senador dijo que cuenta con un anexo de mil firmas de ciudadanos que viven en la zona de influencia del proyecto vial y están en desacuerdo con el cobro de esta contribución.
Por último, Meisel puso de presente que el cobro de valorización parece responder a una estrategia electoral y política del Gobierno para asfixiar a cualquier iniciativa contraria: “Para estos modelos, entre menor iniciativa privada hay, al final todo el mundo queda dependiendo de ellos. Esto tiene una estrategia detrás, no es espontáneo”.
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Se agotó la vía del diálogo
El senador Mauricio Gómez sostuvo que antes de recurrir a las vías legales pretendieron agotar la vía del diálogo: “Por eso hicimos un debate en el Senado e invitamos a la ministra de Transporte. Después se instaló una mesa de diálogo para buscar un punto medio, pero después de eso entendí que no era posible”.
Señaló que “hay una orden clara del Gobierno Petro y es atacar a la región Caribe. Resulta que no quiere a la clase dirigente y la gente es la que paga los platos rotos, porque afecta su bolsillo con estas decisiones”.
Gómez fue enfático al sostener que es necesario que la comunidad exprese su respaldo a los procesos judiciales que se adelantan contra el cobro de la valorización, en especial, a la demanda que ya fue admitida por la Corte Constitucional.
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“Vamos a seguir dando la pelea, vamos a seguir en la batalla. Estoy seguro que unidos vamos a salir adelante”, remarcó.
Desde la comunidad
Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción comunal de Villa Campestre, en Puerto Colombia, recalcó que “la situación es muy preocupante en toda la zona de influencia; la comunidad está preocupada porque la valorización puede afectar los desarrollos que se pueden dar en el futuro en este sector”.
Además, Cianci fue enfático al sostener que “este cobro se ha sustentado en un estudio que carece de elementos necesarios para establecer el tiempo de valorización; tampoco se establece si realmente los predios se valorizaron por la construcción de la vía, que tiene más de 30 años de funcionamiento”.
Estas son las demandas que están en trámite
Cinco demandas de nulidad contra las resoluciones del Invías han sido presentadas ante el Consejo de Estado.
1. Comité Intergremial del Atlántico y Consejo Gremial de Bolívar. (9 de julio).
2. Camacol Atlántico. Contempla una medida cautelar de suspensión provisional del proceso. (24 de julio)
3. Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. (31 de julio) 4. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. (29 de agosto) 5. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático (19 de septiembre).
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Dos demandas ante la Corte Constitucional
1. El senador Mauricio Gómez demandó un artículo del Plan de Desarrollo. Ya fue admitida.
2. El senador David Luna presentó una demanda. Fue inadmitida.
Acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
1. Fue presentada por el senador Carlos Meisel con el respaldo de mil firmas. Incluye una solicitud de medida provisional de suspensión del cobro.
Esperanza en el Consejo de Estado
Felipe Aroca, socio fundador de Aroca Vives Abogados, indicó que no es conveniente que se presenten nuevas demandas, puesto que esto conlleva a que haya retrasos en una decisión.
Recalcó que cada jurisdicción cuenta con tiempos específicos y competencias, por lo que sus decisiones tienen un efecto jurídico preciso.
Por eso enfatizó en que el Consejo de Estado se convierte en la “esperanza”, puesto que es el único que puede adoptar medidas cautelares para la suspensión del proceso.
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“En el caso del Consejo de Estado, ellos se podrían demorar en admitir la demanda porque si llegan más expedientes, proceden a la acumulación y tienen que revisar todos esos documentos para decidir”, explicó.
Expuso que la demanda de Camacol fue presentada en el mes de julio, al mismo tiempo de la que es liderada por los Intergremiales de Atlántico y Bolívar.
Posteriormente se dieron a conocer las acciones por parte de los mandatarios locales y congresistas. Recordó que las demandas en el Consejo de Estado, que corresponde a la máxima instancia en temas administrativos, se tardan un tiempo prudencial:
“Esta autoridad se va tardar, por lo menos, un año, para emitir su decisión final. Es un cuerpo colegiado que se toma su tiempo, pero la ley permite pedir medidas cautelares como la suspensión provisional”.
Agregó que “si los magistrados entienden lo que estamos pidiendo y nos dan la razón, de manera previa al fallo de fondo, se suspenden dichas actuaciones del Invías por presunta violación a la ley. Por eso es el momento para que se pronuncien sobre la demanda”.
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Puso de presente que están esperanzados en que se adopte alguna decisión antes del mes de marzo, cuando se iniciaría la entrega de las facturas: “Si la suspensión provisional ocurre antes de la expedición de las facturas, no se puede avanzar”.
El abogado Aroca indicó que en este tipo de casos se puede proceder a expresar el respaldo a dichas acciones jurídicas a través de un simple escrito. Es decir, los ciudadanos interesados pueden coadyuvar las demandas que ya están en curso para evitar mayores dilaciones en el proceso.
