Las conclusiones a las que llegaron los gremios del Atlántico y Bolívar, así como congresistas de la Región Caribe, sobre el espinoso tema del cobro de la valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, no fueron de buen recibo por parte del Ministerio de Transporte, a tal punto que liberó el lunes 4 de noviembre un comunicado de prensa donde se permitían hacer, lo que denominaron, “unas precisiones” sobre el tema.
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Todo esto viene originado del conversatorio ‘Análisis del cobro de valorización y su impacto en Atlántico y Bolívar’, en el cual diversos sectores se unieron para analizar la medida, llegando a conclusiones varias, como que el cobro les parecía “ilegal y antitécnico”, entre otros puntos de vista.
Esto motivó una serie de publicaciones en la red social X (antes Twitter) de la ministra de la cartera, María Constanza García Alicastro, quien rechazó algunas de las conclusiones, llegando el mismo Ministerio a publicar un comunicado de prensa, el cual va en la misma línea expresada por la funcionaria.
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“Respecto a algunas afirmaciones realizadas por los panelistas del conservatorio ‘Análisis del Cobro de Valorización y su Impacto en Atlántico y Bolívar’, me permito hacer algunas claridades: Se afirmó que ‘la valorización es injusta, ilegal, antitécnica e inequitativa’. No es ilegal: La Valorización se ajusta a los preceptos establecidos en la Ley 1819 de 2016 y en la normativa que regula las disposiciones correspondientes”, comentó.
Además, agregó: “No es antitécnica: su cobro se basa en el método de distribución estipulado en la ley, el estudio de capacidad de pago y la determinación de beneficios, así como de exenciones o tratamientos preferenciales”.
Adicionalmente dijo: “No es inequitativa: se cobra a quienes tienen capacidad de pago y poseen más de dos propiedades. Por el contrario, están exentos quienes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, así como aquellos inscritos en el Sisbén A y B que poseen Unidades Agrícolas Familiares (UAF)”, cerró.
Sin embargo, el comunicado del Ministerio, de 12 puntos a lo largo de tres páginas, hace algunas otras críticas a lo mencionado por los dirigentes durante el conversatorio.
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“Si bien 248.000 predios conforman la zona de influencia del instrumento, solo alrededor de 147.000 serán gravables por valorización, dada la capacidad de pago y/o que sus poseedores o propietarios registren multipropiedad”.
Respuesta de la bancada
Ante las críticas de la ministra García Alicastro, EL HERALDO consultó las opiniones de los congresistas que estuvieron liderando dicho conversatorio.
Uno de ellos fue Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, quien fue contundente ante el extenso comunicado del Mintransporte.
“El comunicado, como todo lo del Ministerio, está apartado de la realidad en muchos puntos”, señaló de entrada.
“La capacidad de pago de la gente es una suposición irreal del Ministerio. El que tenga un predio vacío en la vía, ellos suponen que tiene cómo pagar. Los habitantes de Miramar, muchos de ellos estudiantes, familias recién casadas, el Ministerio supone que tienen con qué pagar”, agregó.
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“Otra cosa que nadie responde es con qué criterio de tiempo, cuál es la línea base para poder tasar el incremento del valor del predio. Y los avalúos comerciales como los hacen sin peritaje. Las socializaciones, yo lo demostré, son una payasada, una mala obra de teatro. Entonces el Ministerio que deje de estar sacando comunicados y que den la cara a estas preguntas”, remató Meisel.
Por su parte, Mauricio Gómez, del partido Liberal, envió una larga respuesta a la misiva ministerial, en la cual dejó claro sus desencuentros con la ministra.
“Esta contribución por valorización carece de legitimidad en la forma en que se constituyó, especialmente debido a la ampliación en el tiempo para su recaudación. Desde nuestra postura, hemos sido enfáticos en que el Plan Nacional de Desarrollo no es el escenario adecuado para imponer un cobro de valorización hasta cinco años después de la ejecución del proyecto.
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Tal medida debió ser discutida mediante una ley ordinaria en el Congreso, permitiendo un debate amplio y detallado. Por lo tanto, sostenemos que esta valoración es ilegítima e ilegal”, enfatizó Gómez.
“Quiero dejar absolutamente claro que no aceptaremos este cobro injusto que pretende cargar a los costeños con un peso que no se le impone a otras regiones. No permitiremos que una política de valorización injusta y sin fundamento avance en nuestra región”, añadió.
Finalmente, cabe recordar que hay siete demandas contra el cobro: cinco cursan en el Consejo de Estado, una más en la Corte Constitucional y la otra restante en el Tribunal de Cundinamarca.
