El Tribunal Administrativo del Cesar admitió una acción popular presentada contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y las empresas Air-e y Afinia por los “cobros excesivos” del servicio de energía eléctrica.
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A través de este mecanismo judicial se busca “reparar una injusticia social”, con el objetivo de que cada ciudadano pueda a acceder a un servicio público de calidad y tarifas justas. Así lo aseguraron los abogados Wilson Ruiz Orejuela y Helton Gutiérrez González, quienes actúan como apoderados de los contralores del Caribe.
Los apoderados fueron enfáticos al sostener que “el trato diferencial hacia los usuarios de la región Caribe ha dado lugar a que los costos del servicio público de electricidad sean arbitrarios y desmedidos, sin considerar las condiciones de vida, salarios, ubicación y estrato de las familias en la fórmula tarifaria que calcula el consumo doméstico”.
De acuerdo con lo expuesto en la acción popular, “se han registrado facturas que superan el salario mínimo en hogares que dependen de ingresos diarios. Además, los constantes cortes de energía, resultado de la falta de infraestructura adecuada, y los abusos por parte de las empresas Air-e y Afinia han afectado gravemente la dignidad humana de los ciudadanos”.
Por eso destacaron que a través de la acción popular se busca “garantizar un cobro justo, un servicio óptimo y una adecuada administración de los recursos públicos, con el propósito de que las familias no continúen asumiendo las consecuencias de los errores de Air-e y Afinia”.
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En ese sentido, expusieron que se prevé que con la intervención del Gobierno nacional se pueda lograr una reducción de hasta el 35% en las tarifas, beneficiando así a las familias de la Costa Caribe. Además, recalcaron que “es inaceptable que los derechos fundamentales de la ciudadanía sean vulnerados, impidiendo el acceso a servicios básicos por la ineficiencia de terceros”.
