Las medidas cautelares proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico –en el marco de la acción popular presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha– han permitido avances importantes para la reducción de las tarifas de energía en el Caribe colombiano.
Así lo destacó el personero Miguel Ángel Álzate, quien recalcó que se ha consolidado una ruta para la modificación de la regulación actual y evitar afectaciones a los usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público expuso que se han generado acciones directas e indirectas. Entre ellas se encuentra el inicio de la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
“Ya no estamos en una bicicleta estática, estamos en un carro de carreras, avanzando rápidamente. Se comenzaron a tomar acciones derivadas de las medidas cautelares”, destacó Álzate durante su visita a EL HERALDO.
Puso de presente que las altas tarifas en el Caribe tienen “gran relación” con el régimen tarifario especial que fue adoptado para posibilitar la llegada de Air-e y Afinia. Por eso celebró que antes de finalizar el año se pueda posibilitar el desmonte de dicho marco regulatorio.
Además, indicó en la tarifa de energía no se está cobrando las pérdidas reconocidas: “Esto se lo digo con precisión. La empresa Air-e tenía que estar con un nivel de inversiones superior al 11,3% para poder acceder al cobro de las pérdidas reconocidas. Y en el último balance que se hizo ahora derivado de todas estas medidas, se identificó que no cumplían este indicador. Por tanto no lo están cobrando”.
Los alcances
Álzate también expuso que tras la audiencia desarrollada por la Creg en Barranquilla se procedió a la expedición de un acto administrativo, el cual se encuentran contemplada 13 medidas para transformar la realidad tarifaria actual.
“Nosotros a eso le llamamos el principio del fin del régimen especial para la región Caribe. Y no por palabras nuestras, sino que así lo señalan de manera clara los autos 354 y 355 que expidió la Creg a los 10 días siguientes de la audiencia que realizó en la ciudad de Barranquilla”, expresó el personero distrital.
En ese sentido, este es un logro para los demandantes, primero, aseguró porque no se tenía claro quien tenía la competencia.
“Nosotros pensábamos que era el presidente, que era el Congreso, los alcaldes la empresa misma. Pero la única entidad facultada para solucionar este problema era la Creg”, reconoció el personero.
Explicó además, que las medidas de la Creg están en curso y terminarán incidiendo en todos los componentes de la tarifa, desde el componente de generación hasta la comercialización.
“Estas medidas que ya están en resoluciones publicadas y van a terminar corrigiendo de fondo, en el mediano plazo, toda la problemática de las altas tarifas”, agregó.
Además, señaló, esta orden judicial los encamina hacia el cumplimiento de la Ley 142 de 1994, que es donde se encuentra la única fórmula para modificar las tarifas.
Con respecto a las altas tarifas reconoció que estas no solo se originan por el régimen regulatorio especial, también son generadas por la opción tarifaria y las otras condiciones de mercado.
Con respecto a la opción tarifaria dijo que hay confusión alrededor de este componente porque se piensa que se suspendido pero lo que hizo el agente interventor fue diferir el saldo –que se terminaba de pagar en tres meses– en 120 meses.
“Es una medida que no comparto, pero que considero es prudente teniendo en cuenta la problemática financiera que tiene Air-e”, mencionó.
La acción popular
Recordó que en medio de la coyuntura que se vivía en la región Caribe con relación al tema tarifario, las personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha comenzaron a analizar qué otra ruta podrían implementar para avanzar en la búsqueda de una solución. La ruta escogida fue presentar una acción popular, teniendo en cuenta que como representantes del Ministerio Público tienen vía para tal fin.
Recalcó que el argumento de esta acción popular era la violación de un derecho colectivo.
“Nosotros consideramos que ese derecho se vulnera porque las altas tarifas se convirtieron en una barrera para acceder a un servicio eficiente y oportuno. Esto encuadró perfectamente con la situación que estábamos viviendo en nuestra región frente a las altas tarifas”, puntualizó Álzate.
Admiten acción popular por altas tarifas de energía en el Caribe
El Tribunal Administrativo del Cesar admitió una acción popular presentada contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y las empresas Air-e y Afinia por los “cobros excesivos” del servicio de energía eléctrica.
A través de este mecanismo judicial se busca “reparar una injusticia social”, con el objetivo de que cada ciudadano pueda a acceder a un servicio público de calidad y tarifas justas. Así lo aseguraron los abogados Wilson Ruiz Orejuela y Helton Gutiérrez González, quienes actúan como apoderados de los contralores del Caribe.
De acuerdo con lo expuesto en la acción popular, “se han registrado facturas que superan el salario mínimo en hogares que dependen de ingresos diarios. Además, los constantes cortes de energía, resultado de la falta de infraestructura adecuada, y los abusos por parte de las empresas Air-e y Afinia han afectado gravemente la dignidad humana de los ciudadanos”.
En ese sentido, recalcaron que “es inaceptable que los derechos fundamentales de la ciudadanía sean vulnerados, impidiendo el acceso a servicios básicos por la ineficiencia de terceros”.
