Con la expedicón de un auto de pruebas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso en marcha una serie de indagaciones para evaluar a profundidad la operación de la empresa Air-e. A través de este proceso se busca detectar posibles inconsistencias que hayan generado afectaciones a la prestación del servicio de energía eléctrica para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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La indagación se inició en cumplimiento de las medidas cautelares que concedió el Tribunal Admini st rativo del Atlántico ante la acción popular que fue presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha en busca de una reducción de la tarifa de energía.
De esta manera se definirá si la empresa Air-e cumplió con lo contemplado en la norma para aplicar el régimen tarifario especial que fue adoptado en su momento con la finalidad de “asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica”.
Miguel Ángel Álzate, personero distrital de Barranquilla, confirmó a EL HERALDO que desde la Creg se viene avanzando en este proceso, que es paralelo a las acciones para desmontar el mencionado régimen especial.
“Con el auto de pruebas se ordena hacer una visita a l a empresa y estudiar a fondo todos los informes. Ellos e st án en el proceso de contratación de un perito para avanz ar en ese proceso, pero hay voluntad para avanzar lo más rápido posible”, aseguró el represent ante del Ministerio Público, quien recientemente sostuvo una reunión con los comisionados de la Creg para conocer los avances en el cumplimiento de dicho fallo judicial.
De acuerdo con la información corroborada por EL HERALDO, este proceso tendrá varios puntos clave. El primero corresponde a la revisión de las inversiones que han sido reportadas por la empresa desde el inicio de sus operaciones, que es uno de los compromisos adquiridos tras la crisis de Electricaribe.
En ese sentido, se busca determinar la inversión real hecha por el operador de red entre los años 2021, 2022 y 2023. Es de anotar que, de acuerdo con un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa reportó inversiones por $517.123 millones a corte de diciembre de 2022, lo que correspondía al 96,3 % del valor aprobado para los dos primeros años y al 35,2 % del valor total del plan para los 5 años.
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En una entrevista reciente con este medio, el ex gerente de Air-e Santiago Posso referenció que las inversiones alcanzaron 1.2 billones en los tres años y se reflejan en más de 960 obras en la región.
La Creg revisará, en segundo lugar, la información de los “eventos de discontinuidad” del servicio de energía eléctrica que fue reportada por la empresa para el cálculo de los indicadores de calidad.
Cabe tener en cuenta que la empresa Air-e señaló antes de su intervención que el tiempo de interrupción promedio (Saidi) se redujo en 61,74 %, mientras que la frecuencia de interrupciones (Saifi) había mejorado en 68,36 %.
En ese sentido, Air-e informó –previo a la intervención– que a corte de 2023 se había cumplido con lo exigido por la regulación para ese año: “La Superintendencia nos evaluaba cada 3 meses 50 indicadores y sacamos 93 % promedio en 4 años”.
Las pérdidas de energía es otro de los aspectos que será motivo de investigación, teniendo en cuenta que era uno de los que incidía en el cobro de la tarifa.
De acuerdo con reportes de la empresa a corte de 2022, se estimaba una pérdida de aproximadamente 35 % de la energía distribuida, que se traduce en aproximadamente $2 mil millones diarios, o alrededor de $60.000 millones mensuales. Al año, la cifra podría ascender a $720.000 millones.
En este punto, la Creg contempla la revisión del índice de pérdidas de energía en la empresa Afinia, que atiende a Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba.
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El cuarto aspecto a revisar corresponde al cumplimiento de los parámetros de gastos correspondientes a Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) en el mercado atendido tanto por Air-e como por Afinia.
Por último, la Creg ha contemplado la verificación de la implementación y certificación de un sistema de gestión de activos en la empresa.
A esto se suma la gestión ante usuarios subnormales y la práctica de “promediar” el consumo de energía.
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Seguimiento de gremios
De forma paralela, los gremios de Atlántico, Magdalena y L a Guajira se han unido para conformar una veeduría –ante la Personería Distrital de Barranquilla– que hará seguimiento al proceso de intervención de la empresa.
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, reseñó que se han identificado varios puntos críticos que serán objeto de análisis y seguimiento por parte de la veeduría.
“El Gobierno debe asegurar los recursos para el buen funcionamiento de Air-e mediante el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y pagando los subsidios que le debe a la empresa”, sostuvo el líder gremial.
Recalcó que la compra de energía es otro de los temas críticos, por lo que se deben asegurar contratos de largo plazo para reducir la exposición en bolsa que tiene Air-e, la cual es superior al 50 % y afecta a los usuarios por las variabilidades.
“Se requiere la inversión en infraestructura eléctrica para poder mejorar el servicio, y reducir las pérdidas técnicas debe ser otra de las grandes prioridades. Y finalmente se debe asegurar el cumplimiento con los compromisos de los proveedores, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas”, agregó.
A su turno, Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, manifestó que la veeduría ciudadana fue constituida para tener información oficial sobre la situación real de Air-e en medio de este proceso que busca superar la crisis financiera.
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“Que se supere la crisis de la empresa implica garantizar la buena prestación del servicio con reducciones de la tarifa y ello exige, de una parte, comprar energía al mejor precio posible en contratos de largo plazo y reducir la necesidad de hacerlo en la bolsa a unos costos sustancialmente mayores”, enfatizó.
Agregó que otro de los aspectos que será objeto de seguimiento corresponde a la ejecución del plan de inversiones acordado al inicio de sus operaciones y el cobro que se aplicó a los usuarios por ese concepto, así como la gestión del mercado.
Ese es un proceso que no puede ser uniforme dado que está compuesto por distintos tipos de usuarios y en el que pesan mucho los estratos 1,2 y 3 y los que no tienen normalizados el servicio; es decir, que no están conectados legalmente al sistema de distribución”, agregó.
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Lupa de usuarios
Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, advierte que es necesario que se ponga la lupa sobre el cobro de inversiones futuras en forma anticipada en las tarifas y que no se invirtieron.
“La Superservicios denunció ante la Superindustria y Comercio por un faltante de cien mil millones de pesos para inversiones que no aparecen”, recordó.
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Referenció que se deben dar a conocer las cifras exactas sobre el cobro de opción tarifaria, teniendo en cuenta que “hay estudios según los cuales ya pagamos los usuarios toda la opción tarifaria en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.
Y por último, Alarcón dijo que se deben revisar “los cobros de pérdidas no técnicas sin acreditar las inversiones requeridas para rebajarlas”.
