Ante el Consejo de Estado fue presentada una nueva demanda de nulidad en contra de tres resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de las cuales se establece y regula el cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
La demanda fue presentada por el exministro y activista judicial Wilson Ruiz Orejuela, quien expuso que dichas resoluciones “infringen” derechos constitucionales y exceden las facultades de la administración al imponer a los contribuyentes una carga económica desproporcionada, sin el debido análisis de su capacidad contributiva y sin consultas previas a la comunidad.
Más información: Implementan modelo de seguridad vial en corredor vial en el norte de Barranquilla
“Se trata de un esquema que obliga a los habitantes de la región Caribe a asumir costos que no se traducen en un beneficio proporcional, afectando su bienestar y estabilidad económica”, afirmó Ruiz, quien reiteró que esta acción de nulidad pretende proteger los derechos y la dignidad de los ciudadanos.
El exministro Ruiz fue enfático al sostener que estas normativas “imponen una obligación tributaria bajo criterios que no consideran la situación económica de los residentes de la región ni los beneficios directos que percibirán del proyecto”.
En la misma línea, cuestionó la falta de estudios técnicos que justifiquen la asignación de estos costos: “Cabe mencionar que al aplicarse este cobro después de la finalización del proyecto vial, se genera una sorpresa y una carga inesperada para los contribuyentes”.
Lea: Realizan la primera Feria Galapa Joven, destinada a generar oportunidades de empleo
Por tal razón, a través de la demanda se solicita la anulación de las resoluciones en su totalidad, “considerando que estas vulneran el principio de equidad tributaria y no garantizan un retorno proporcional a los afectados”.
También se pide que el Consejo de Estado determine la falta de competencia del Ministerio de Transporte para establecer contribuciones de esta índole sin respaldo en estudios de impacto financiero-social.
Le puede interesar: Air-e anuncia suspensión del servicio en sector del barrio La Cumbre
Agregó que dicho proceso legal busca no solo proteger a los contribuyentes de cobros indebidos, sino también sentar un precedente en defensa de los derechos de las regiones frente a cargas impositivas no justificadas”.
“El bienestar de la región Caribe no puede depender de decisiones unilaterales que ponen en riesgo la estabilidad económica de sus habitantes; es imperativo garantizar una administración pública que respete los principios de equidad y proporcionalidad”, puntualizó Ruiz.
Cabe recordar que el monto a distribuir a través de la valorización asciende a $2.3 billones que corresponden al beneficio obtenido por la ejecución de la obra con la indexación correspondiente.
