Luego de que el Senado de la República aprobara una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), Fundesarrollo presentó una serie de propuestas que contribuirían a mitigar los riesgos que se han evidenciado desde distintos sectores y a “asegurar que la reforma contribuya al desarrollo equilibrado de todas las regiones del país”.
Cabe recordar que el articulado aprobado en la reforma permite aumentar las transferencias de recursos a las regiones, aunque le le falta superar aún dos debates más en la Cámara de Representantes antes de modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución.
Ante esta situación, diversas entidades y expertos en temas de hacienda pública han expresado su preocupación sobre los posibles efectos negativos de la reforma, como el aumento insostenible del déficit fiscal, la presión sobre la deuda pública y los altos costos de financiamiento.
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Desde el centro de pensamiento se ha señalado la necesidad de realizar un aumento gradual de las transferencias de acuerdo con los cálculos realizados, ya que si la reforma avanza en su forma actual el costo del SGP podría alcanzar hasta el 8,2 % del PIB para el año 2034, un aumento significativo en comparación con el 5,7 % estimado en el escenario base.
Por lo anterior se propone que este aumento se extienda a 15 años, lo que permitiría mitigar el riesgo de ampliación de las brechas entre las regiones.
Otra de sus propuestas va enfocada al fortalecimiento institucional y descentralización gradual ya que uno de los principales riesgos de la reforma es que si no se lleva a cabo de manera adecuada podría profundizar las desigualdades regionales, especialmente en aquellas zonas con menor capacidad institucional, como la región Caribe.
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También se plantea que la reforma al SGP contemple un presupuesto específico para fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las entidades territoriales. Esto incluiría la adopción de pliegos tipo para los procesos de contratación y la correcta aplicación de la Ley 80.
Asimismo, se propone una descentralización gradual de competencias y recursos, los cuales solo serían asignados a las regiones, departamentos y municipios que demuestren una capacidad mínima, según los índices de rendimiento calculados por el DANE en áreas clave como la recaudación de impuestos y la ejecución del gasto público.
Fundesarrollo también hizo un llamado al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Hacienda, para que, al definir el presupuesto regionalizado y las grandes obras de infraestructura, se incorpore un criterio redistributivo explícito para que las inversiones públicas puedan llegar a las regiones con mayores necesidades de desarrollo, evitando que las más avanzadas sigan beneficiándose de manera desproporcionada.
