Ante la noticia de una posible venta de la empresa Monómeros, la compañía venezolana con sede en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro se pronunció, rechazando la posible privatización, asegurando que “la agricultura en Colombia y Venezuela es piedra angular para transitar de un sistema de economía extractivista a un sistema productivo que genere riqueza”.
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Ahora, a esto, se le sumó el mismo sindicato de la empresa, Sintramonómeros, que a través de un comunicado respaldó el pronunciamiento del presidente.
“La posible privatización de ‘Monómeros no solo amenaza con poner en riesgo la estabilidad laboral de miles de colombianos, sino que también pone en peligro la soberanía agroalimentaria del país”, se lee en el escrito.
Agregan que ven “como un grave error la entrega de una empresa estratégica a intereses de personas con prácticas desleales que podrían desentenderse de las necesidades del pueblo en aras de sus propios apetitos económicos. Compartimos la visión de que cualquier decisión sobre Monómeros debe ser tomada con la máxima responsabilidad y en beneficio de todos los colombianos, garantizando la estabilidad laboral, la inversión en el desarrollo de la empresa y su compromiso con la producción nacional”.
En el mismo comunicado, Sintramonómeros recordó que los gobiernos de Venezuela y Colombia tienen la responsabilidad de velar por los derechos de los trabajadores para que “no se vean vulnerados como resultado de cambios en la propiedad de las empresas”. También, mostró su preocupación ante una posible pérdida de empleos o recortes de beneficios laborales.
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El Sindicato informó que han solicitado una reunión con el Ministerio del Trabajo, el de Agricultura, la Superintendencia de Sociedades, y la de Industria y Comercio. De igual forma, anunciaron que enviaron una comunicación al presidente Gustavo Petro.
Fuentes cercanas a Monómeros le dijeron a EL HERALDO que sería una empresa turca la interesada en comprar la compañía venezolana por alrededor de 350 millones de dólares.
También se conoció que la premura es porque está la posibilidad latente de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deje de ser presidente legítimo el próximo 10 de enero, lo que dificultaría la venta después.
