Las obras inconclusas o elefantes blancos que se encuentran actualmente en el departamento del Atlántico generan preocupación en la Contraloría General de la Nación, quien puso la lupa sobre 5 proyectos en específico que arrojan una suma total de $39.846 millones.
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En primer lugar, el municipio de Sabanalarga cuenta con 3 proyectos inconclusos que incluyen el Patinódromo (por $1.708 millones), el Polideportivo Villa Olímpica ($5.334 millones) y la Ludoteca y cancha deportiva (por $733 millones).
De igual manera, los otros dos proyectos están situados en el municipio de Luruaco que consisten en la Bocatoma PTAT ($31.295 millones) y la despulpadora de frutas de Pendales ($776 millones).
A su vez, la estrategia Compromiso Colombia ayudó a identificar otros 16 proyectos categorizados como Críticos, por cuantía de $172.861 millones.
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La lista está encabezada por la canalización de Arroyos en Sabanalarga, por $10.700 millones, mientras que los demás fueron catalogados como la PTAR Piojó, el Sistema de Alcantarillado Juan de Acosta Etapas I y II, el proyecto de Saneamiento Básico Suroriental Fases I y II en Soledad, la Construcción de la EBAR-PTAR Juan de Acosta, los Modulares CPC El Bosque en Barranquilla y el Museo de Arte Moderno en esta misma ciudad, entre otros.
Es de anotar que la actual administración de la Contraloría General de la República ha acompañado en el departamento del Atlántico proyectos que han sido terminados y puestos al servicio de la comunidad, como es el caso de 3 Instituciones Educativas del Fondo de
Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE y 1 obra de Infraestructura, ubicadas en la ciudad de Barranquilla y que suman un total de $64.115 millones.
Advertencia Canal del Dique
La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre las graves consecuencias económicas y ambientales que derivarían de la posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
Esta decisión, según el organismo, podría generar un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin garantizar avances sustanciales en la restauración ambiental, limitándose únicamente a obras menores, dragados y estudios cuya vigencia podría verse comprometida con el tiempo.
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De esta manera, el impacto de esta medida afectaría directamente a los 1,5 millones de habitantes de las regiones de Bolívar, Atlántico y Sucre, quienes quedarían expuestos a graves problemas como inundaciones, escasez de agua potable y sedimentación excesiva.
Además, se perderían los beneficios económicos de una inversión cercana a los $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida en la región y fortalecer la sostenibilidad ambiental.
Agregó, además, que la terminación prematura del contrato podría comprometer los avances realizados hasta la fecha y generar costos adicionales, sin ofrecer soluciones reales a los problemas ambientales y de infraestructura que enfrentan las comunidades del Canal del Dique.
Puente Pumarejo
El nuevo puente de 3,2 kilómetros (2,2 km de puente principal, 1 km de ramales y accesos y 45 metros de galibo), fue puesto en servicio el 20 de diciembre de 2019 con un valor final del contrato de $ 758.158 millones; es decir, un 23,29% de incremento sobre el contemplado inicialmente.
Asimismo, el valor final de Interventoría ascendió a $43.010 millones, un 24,41% adicional al inicialmente contratado. La inversión total es de $801.169 millones.
La Contraloría General de la República determinó el 28 de junio de 2023 un presunto detrimento patrimonial por $1.008 millones, por el gasto innecesario en que incurrió el INVÍAS al realizar pagos de honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento que resolvió las divergencias planteadas por el Contratista (CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA) en relación a la construcción del nuevo Puente Pumarejo, en Barranquilla.
Adicionalmente, el 27 de julio de 2023 la CGR emitió una Advertencia Ordinaria al INVIAS, por la no demolición del antiguo puente Pumarejo (Laureano Gómez) sobre el Rio Magdalena en Barranquilla.
Inclusive, cuando el nuevo Puente Pumarejo está en operación desde diciembre de 2019, la presencia actual y adyacente del antiguo Puente Pumarejo o Laureano Gómez, impide el paso de grandes buques, ya que aquel solo tiene un galibo de 16m, mientras que el nuevo puente tiene uno de 45 m.
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
El informe de la Contraloría demuestra que el 05 de marzo de 2015 fue suscrito el Contrato de Concesión Nro. 003 de 2015 entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., conformado Valorcon S.A. (41,5%), Equipo Universal S.A. (50%) e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. (17%), por un valor de $610.153 millones (en pesos de diciembre de 2013), dicho Contrato de Concesión suscribió el Acta de Inicio el 15 de mayo de 2015.
Posteriormente, El 29 de mayo de 2023 se profirió Laudo Arbitral, por medio del cual se ordenó la terminación anticipada del contrato de concesión, la reversión de la Infraestructura Aeroportuaria a AEROCIVIL y su liquidación con base en la fórmula de cálculo de las prestaciones mutuas prevista en el mismo.
Asimismo, el 15 de agosto de 2023 se suscribió el Acta de Finalización de Ejecución del Contrato de Concesión, fecha en la cual se da por terminada la Etapa de Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación Comercial, Adecuación y Modernización del Contrato de Concesión a partir de las 0:00 horas del 21 de junio de 2023.
Desde el 01 de septiembre de 2024 la Aerocivil quedó a cargo del aeropuerto, como cumplimiento de un proceso jurídico del Tribunal de Arbitramento, que determinó la terminación anticipada del contrato y su liquidación.
Dicho esto, entre las obras pendientes en el aeropuerto se encuentra un edificio de recepción de maletas nacionales, la remodelación y adecuación de instalaciones de servicios médicos aeroportuarios, una reforma a la zona de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) y nuevo edificio de carga y vías de acceso en la Zona Única de Inspección (ZUI).
La Aerocivil manifestó públicamente que, se está estudiando de la mano de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) un proyecto de Concesión de Iniciativa Privada (IP).
Mientras que la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector de Infraestructura, realizó Actuación Especial de Fiscalización a la ANI relacionada con el Aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz y su contrato de Interventoría, Vigencias segundo semestre de 2021 y 2022.
Adicionalmente, se realizó Actuación Especial de Fiscalización a la ANI relacionada con el Aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz y su contrato de Interventoría, Vigencias 2019, 2020 y 2021, y como resultado de esta se configuraron cuatro (4) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen presunta incidencia disciplinaria. Finalmente, se realizó una Auditoría de Cumplimiento al Contrato de Concesión, Vigencias 2015 a 2018, y en este caso se configuraron dos (2) hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tiene presunta incidencia disciplinaria.
Resultados de Auditoría
En el caso del municipio de Sabanalarga, desde principios de este año la Contraloría General de la República le puso la lupa a proyectos relevantes para esta población y es así como ya se tienen resultados de una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda relacionada con 6 contratos que incluyen los de la Construcción del Patinódromo, la construcción de la canalización del arroyo 20 de enero y la adecuación y ampliación de la plaza central de municipio de Sabanarlarga.
En esta auditoría, realizada en cumplimiento de una intervención funcional de oficio, se constituyeron en total 17 hallazgos administrativos, de los cuales dieciséis (16) tienen presunta incidencia disciplinaria, uno (1) con incidencia fiscal en cuantía de más de $12 millones y dos (2) con otras incidencias, los cuales serán trasladados a las instancias y entidades competentes para su trámite.
Se encontraron deficiencias en la ejecución de la construcción del Patinódromo, en la calidad de la obra, irregularidades en el acceso y movilidad y manejo deficiente de aguas lluvias. Además, la alcaldía de Sabanalarga no ha realizado las acciones adecuadas para preservar las obras. La falta de mantenimiento preventivo y la exposición al ambiente han causado el deterioro progresivo de las estructuras y mal estado de las áreas comunes.
En cuanto al contrato para la construcción de la canalización del arroyo 20 de enero, el análisis muestra que la Alcaldía de Sabanalarga no exigió al contratista la ampliación de las garantías conforme a las fechas y situaciones establecidas en las actas de suspensión, prórroga y adición.
Este incumplimiento genera un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, dado que la entidad no cumplió con su obligación de supervisar el correcto ajuste de las garantías, dejando desprotegidas las fechas de ejecución del contrato.
Y sobre el contrato para la construcción de la plaza central, existen presuntas irregularidades que configuran un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria debido a deficiencias en la planeación, ejecución y supervisión del proyecto que han causado retrasos y aumentos de costo, afectando la correcta ejecución del contrato y violando varias disposiciones legales.
Adicionalmente, se evidenciaron deficiencias constructivas en el mantenimiento y vigilancia de las obras ejecutadas bajo el Contrato de Obra No. 15 de 2014, cuyo objeto fue la adecuación y reconstrucción del Polideportivo Villa Olímpica.
