El pasado jueves 28 de noviembrem, la empresa española Sacyr sorprendió con el anuncio de que, debido a nuevo estudio ambiental que tomaría alrededor de año y medio, las obras para la recuperación y modernización del Canal del Dique se retrasarían una vez más.
Estas obras fueron licitadas el 7 de diciembre del 2022 y a la fecha, prácticamente dos años después ha sido muy poco en lo que se ha podido avanzar, a pesar de que el contrato está vigente y siendo regulado por las entidades del Gobierno Nacional.
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El nuevo escoyo en esta obra, que afectará a 435 mil hectáreas e impactará a un millón y medio de habitantes, dentro de los 19 municipios en el área de influencia, es la licencia ambiental.
Sin licencia ambiental no puede una obra de este tipo, que afecta cuencas hidrográficas de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, además de dos bahías, como la de Cartagena y Barbacoas. Así lo establece la ley, de manera inflexible.
La aprobación de dicha licencia está en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), quien expidió unos nuevos términos de referencia a Sacyr para que realizara los estudios.
Rodrigo Negrete Montes, director de la ANLA, concedió entrevista a EL HERALDO donde aclara el tema y detalla que es lo que se persigue al solicitar estos nuevos términos de referencia para la licencia.
¿Cómo avanza la licencia ambiental para el nuevo proyecto del Canal del Dique?
Bueno, como recordarán la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales determinó que este proceso se enmarca dentro de los que necesitan licencia ambiental. Lo expresamos y posteriormente entregamos los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental y estamos a la espera de que el concesionario radique la solicitud de licencia con el estudio de impacto ambiental correspondiente.
¿Cuál fue la nueva documentación que se pidió a Sacyr?
Nosotros como autoridad, lo que nos corresponde es el impacto ambiental ya los temas de tipo contractual y demoras, ya no es un tema que atañe a esta autoridad. Así que estamos a la espera y con toda la disposición como entidad del Gobierno nacional de que esto avance de la mejor manera posible, pero sin duda con criterios técnicos que nos permita determinar que el proyecto sí cumple con todos los criterios de sostenibilidad, todo el tema de análisis de variable de cambio climático, adaptación, mitigación, o sea, lo que se necesita para que un proyecto de esta manera funcione como debe ser: bien.
Dentro de esos ítems ¿Cuál es el que más le preocupa a la ANLA?
Hay un tema de fondo y tiene que ver con el área de influencia del proyecto. Recuerden que este proyecto venía siendo concedido con un instrumento que realmente no existe en el marco normativo, que es el plan hidrosedimentológico, eso se ceñía fundamentalmente a hacer unas obras de infraestructura pero no estaban mirando el impacto ambiental.
¿Qué podrían ser ejemplos de esto?
Por ejemplo, qué pasaba si ya no hay descargue de sedimento hacía las habías de Cartagena y Barbacoa y eso nos genera una intrusión de la cuña salina. ¿Qué pasaba con la afectación de la cuña salina? Eso no estaba previsto inicialmente, y es un tema, claramente, de mucho impacto. ¿Qué ocurre con la disposición de sedimento en la ciénaga alrededor del Canal del Dique? Este tema tampoco estaba evaluado adecuadamente.
¿El área de influencia es ahora lo principal?
El área de influencia se convirtió en un referente importante porque así mismo, al identificar hasta donde se extienden los impactos del proyecto, así mismo tiene que ampliarse el área en el cual estos impactos se materialicen y claramente eso se traduce en que tienen que tomar medidas de manejo en función de esa área que se identifique. El área de influencia es clave para definir medidas de manejo, impactos ambientales y, digamos, también posible afectación a comunidades que están en esa zona del Canal del Dique.
¿Sacyr se ha acercado en busca de asesoría?
Este es un tema de interés del Gobierno nacional. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Transporte, con el presidente de la ANI, con el concesionario, mesas de alto nivel y técnicas, donde estamos afinando los puntos para que Sacyr tenga certeza y claridad de qué tiene que aportar en el estudio de impacto ambiental.
¿Entonces se sigue avanzando sobre el tema?
Sí, estamos avanzando para que este proyecto, ojalá cuando se radique la solicitud, avance con total claridad y con toda la información que se requiere para tomar decisiones: La licencia ambiental tiene un fin preventivo para evitar daños.
¿La comunidad les ha expresado algo?
Hemos estado de manera permanente, incluso acá en Cartagena, en Barranquilla, la ministra también ha estado presente en algunos municipios, hemos escuchado a las comunidades y hay varias organizaciones que de manera permanente se comunican con nosotros, que expresan preocupación.
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¿Hasta dónde afecta a la Anla en su aprobación de las licencias, las opiniones de la comunidad?
Hay un componente social que claramente es fuerte, pero hay otro elemento que son de consultas previas, que ya no son del resorte de la ANLA, son de la dirección de consultas previas del Ministerio del Interior y ellos tendrán que resolver si las consultas que ya se adelantaron son suficientes, las ordenas por concepto judicial cuando se materializan o que puedan requerirse más consultas. Estamos pendiente de que en clave de derecho, esto se garantice.
Una vez radicada la solicitud ¿Cuándo estaría iniciando el proyecto?
El concesionario tiene que radicarnos esa solicitud, ellos tiene que elaborar ese estudio. Nosotros no tenemos un estimativo de tiempo, lo que puedo garantizar es que la ANLA se pronunciará en 90 días hábiles tan pronto se radique ese trámite, pero ello no significa que no se pueda suspender ese trámite por orden judicial, por nuevas consultas previas, por audiencias públicas, son factores externos que pueden influir. Recuerden que ya ha habido 16 consultas previas a este estudio.
