“Vamos a bajar las tarifas de energía y las vamos a bajar”, así inició el presidente Gustavo Petro el trino el pasado 31 de diciembre cuando anunció a través de su cuenta social X que evalúa la posibilidad de comprar la empresa Air-e con el fin de cumplir la promesa de bajar la tarifa de energía a los usuarios de la región Caribe con la instalación de paneles solares en las casas de los estratos 1 y 2.
“Hemos intervenido Air-e para realizar el trabajo generalizado de “casas solares” en el Caribe oriental, y reducir así –sustancialmente– los costos de la energía en esa región. Evalúo la compra de Air-e”, expresó el mandatario.
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No obstante, la intención, ahora, del mandatario de adquirir la empresa comercializadora contradice lo que aseguró en Barranquilla durante su intervención en la Asamblea Popular de la Democracia Energética el pasado 12 de diciembre, cuando dijo: “No vamos a asumir las deudas privadas de Air-e. No, ese no es el cuento. Lo bonito sería con el presupuesto, como hicieron en gobiernos anteriores, pagarle las deudas después de devolvérselas. No, ni bobos que fuéramos. No, nada de eso tocamos”.
Petro reiteró que su propósito es bajar la tarifa de energía a través de una resolución con la nueva fórmula, que según el mandatario ha sido poco explicada por la prensa, al tiempo que cuestionó la fórmula tarifaria de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), a la que calificó como anticonstitucional e ilegal. “Extrañamente ha perdurado durante décadas”, indicó.
Reacciones de expertos
Al respecto, el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta dijo que el anuncio es “solo globos que se lanzan al aire”, porque se debe esperar que el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, concrete la propuesta.
“Por ahora solo caben conjeturas y especulaciones, que dejan sobre el tapete varios interrogantes: ¿acaso las altas tarifas de energía se deben al carácter privado de las empresas prestadoras del servicio? ¿El programa Colombia solar es la respuesta al fracaso de los parques eólicos en La Guajira?, se cuestionó Acosta.
El exministro criticó que mientras el jefe de Estado hace este tipo de anuncios, la Nación sigue sin asumir la deuda de la opción tarifaria, que sí repercutiría en una rebaja inmediata de la factura de energía.
Tampoco, señaló Acosta, le gira a las empresas prestadoras del servicio de energía los más de $2.5 billones por concepto de los subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3. “Ello ha abocado a las empresas al riesgo de un apagón financiero que podría derivar, como lo han puesto de manifiesto XM y el Contralor General, en una especie de efecto dominó, con efecto sistémico”.
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Para el exministro, los argumentos del presidente justifican el anuncio de la posible compra de Air-e por parte del Estado ni el Programa Colombia Solar.
Por su parte, el coordinador en el Caribe de la Liga de Usuarios, Norman Alarcón, señaló que el anuncio del presidente es bien recibido teniendo en cuenta que desde la intervención de la empresa se contempló que esta fuera con fines de liquidación.
“En ese contexto hemos propuesto que el Estado sea el que mantenga la administración y el control de la empresa a futuro. Porque es el Estado el único que tiene el músculo financiero que se requiere para poder afrontar las inversiones, los gastos, la compra de energía que ninguna otra entidad podría hacer”.
Reiteró que en ese sentido están de acuerdo en que el Gobierno mantenga el control de Air-e “y que a los activos actuales de Air-e se les descuente los pasivos, como está en las normas establecidas en nuestro país”.
El líder de los usuarios criticó que el mandatario anunciara una resolución por parte de la Creg para el manejo de la compra de energía en bolsa, la cual establecería dividir las generadoras en dos; una para las que generan energía renovable y otra para la energía que proviene de los fósiles, lo anterior según el mandatario bajarían las tarifas.
“Esa resolución no resolvería el problema de las tarifas y menos en la Costa porque es sólo para la compra en bolsa, que es el 20 % de la energía que se negocia en el país y el 80 % se negocia en contratos bilaterales a largo plazo”.
De acuerdo con Alarcón, lo que se necesita es que se cumpla la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que determinó medidas cautelares en la acción popular de los personeros de Barranquilla y Santa Marta “para derogar el régimen especial tarifario contra los costeños”.
Dicho régimen contempla el cobro de los fraudes, hurtos, las inversiones futuras en forma anticipada y la sobretasa del 20 % en la comercialización.
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