Los vacíos legales que deja el colapso en Privilegios

Tras casi dos meses después del colapso de un bloque en el conjunto residencial Privilegios, ubicado en el barrio Campo Alegre de la ciudad de Barranquilla, las miradas siguen sobre este trágico suceso, en el cual murió una persona y resultaron heridos cuatro menores de edad.

De hecho, la firma colombiana Blackton –experta en litigios– mencionó que hay ciertas implicaciones legales muy densas todavía por resolver que existen alrededor del caso.

“En el caso del edificio Privilegios hubo muchas cosas que se pasaron por alto. Al momento de construir este conjunto residencial o cualquier otro se debe tener un amparo o seguro para responder a los residentes en caso de un colapso o daño de su infraestructura. Sin embargo, nadie lo hace, aunque desde el año pasado entró en vigencia la Ley Space, que obliga a todos los constructores a tener este amparo y poder indemnizar a los afectados”, explicó Sebastián Escobar, socio de la firma.

También dijo que “hubiese sido de mucha ayuda tener antes este tipo de leyes para los residentes de Privilegios, pero ahora toca responder de otras formas”.

De esta manera, Escobar describió cómo el caso del edificio Space, en la ciudad de Medellín, puede servir de referencia para delegar la responsabilidad de los hechos ocurridos en el edificio Privilegios al Distrito.

“Cuando pasó el caso Space se planteó la importante pregunta sobre cuál es la responsabilidad de las autoridades o municipios en el colapso de alguna edificación, y es que la ciudad de Medellín fue declarada responsable de este hecho, y yo creo que en Barranquilla puede pasar lo mismo”, agregó.

En ese sentido, referenció que “el Distrito probablemente tenga que pagar por los daños, ya que todos llegamos a la misma conclusión y nos preguntamos qué hicieron las autoridades para evitar que pasara todo esto; a pesar de que las personas volvieron a sus hogares sin tener en cuenta el riesgo, la administración tenía que tomar medidas e intervenir y sacarlos cuantas veces fueran necesarias”.

Puso de presente que en el caso de que el Distrito de Barranquilla resulte responsable de indemnizar a los afectados, se tendrá que buscar en qué parte de la administración hubo la falla y sacar los recursos del patrimonio de la ciudad.

“En el Distrito puede que haya una persona que haya tomado las decisiones que llevaron al colapso del conjunto Privilegios, pero a final de cuentas la responsabilidad se toma de manera institucional en Colombia, es decir, responde el municipio con su patrimonio, luego si hay que hacer alguna indemnización a unas víctimas o afectados y se evidencia que hubo fallas de una dependencia como tal o de un funcionario se le recobra ese dinero al funcionario a través de lo que se conoce como acción de repetición. Así que en resumen no importa si hay dos alcaldes en la ciudad para atender el caso, el que responde es el Distrito”, aseguró.

Mientras tanto, Óscar Rosales, abogado y socio de la misma firma de litigios, no descartó tampoco que puedan resultar implicados otros actores en el proceso.

“No creo que pase en Barranquilla, pero en muchas ocasiones cuando los directivos o los accionistas de una constructora no toman medidas para evitar que pasen este tipo de incidentes también son responsables como persona natural del hecho y tienen que pagar por eso”, enfatizó el experto.

Hay diversos aspectos a tener en cuenta para que se pueda dar una indemnización a los afectados por el colapso del bloque 4 del conjunto Privilegios. Según el experto en daños e indemnizaciones, Sebastián Escobar, la familia de la víctima podría solo recibir una retribución por los perjuicios que causó la muerte de su ser querido.

“En lo que pude leer sobre el caso, los que resultaron lesionados por el colapso no eran propietarios de la infraestructura y estaban pagando un arriendo a alguien que no estaba autorizado, siendo esto así, no entraría en ningún supuesto que se dé indemnización por el valor del inmueble. Pero se daría por caso de perjuicio a los familiares de la persona fallecida y de los lesionados, así no sean propietarios legales”, dijo.

En la misma línea, mencionó que en ocasiones los jurados tienden a ser más conservadores en el reconocimiento de las indemnizaciones por ocupantes ilegales.

“Cuando se trata de ocupación ilegal los jueces tienden a ser más conservadores, porque advierten que las personas asumieron un riesgo al estar en una actividad o entorno que no está apegado a la ley, así que son conscientes de lo que pueda pasarles. Hay algunos precedentes que bajo criterios similares al del conjunto Privilegios se logró dar una indemnización a la víctima a pesar de su ocupación ilegal por medio de negociaciones, así que sí creo que les den algo a los afectados en Barranquilla”, sostuvo.

La Ley 1796 del 2026, denominada Ley Space, marcó un antes y después en el desarrollo de construcciones inmobiliarias en el territorio nacional. Según lo describe Sebastián Escobar, este caso sirve de referencia para conocer cómo se deben construir edificaciones para el futuro en la ciudad de Barranquilla y otros sectores.

“Cuando una persona compra una vivienda nueva lo que espera es que esa estructura vaya a durar muchos años, pero lo triste es cuando esto pasa, porque pasa mucho y lo seguirá haciendo porque somos humanos y cometemos errores al construir, entonces el gran aprendizaje es que hay formas de prevenir y responder ante estas situaciones”, mencionó.

Además, dijo que “cuando se cayó el edificio Space en Medellín la gente no tenía muy claro que podían hacer, no había un seguro para devolverles el valor de sus inmuebles, pero entonces desde ahí se hizo obligatorio un amparo para las vivienda nuevas por parte de los constructores, para que se valore dentro de los costos de cada proyecto”.

Por último, Escobar recalcó que “este amparo tiene que estar vigente por 10 años y que normalmente va a ser una póliza de seguro, la cual no cobija daños a terceros, así que los constructores deben contratar otros seguros para esto, ya que hay muchos casos donde la mayoría de edificios que se caen provocan daños a casas que están alrededor, a personas que circulan por las calles o a los cables de energía eléctrica”.

Algunos residentes del conjunto Privilegios que tuvieron que dejar abandonadas sus viviendas por el riesgo de colapso del edificio han denunciado saqueos y hurtos. Para los expertos de la firma de litigios Blackton, aunque hay herramientas legales para poder proceder contra los implicados, no se puede hacer mucho para proteger los intereses de los propietarios.

“En una edificación abandonada es muy difícil identificar a los implicados o colocar incluso sistema de vigilancia para reconocer a los sospechosos, y aunque se tiene todo desde lo legal para proceder, no se ve muchos casos donde se sancione a alguien por esto”, expusieron los expertos.

Seguidamente, mencionaron que un caso como este termina siendo más un problema de política pública que una responsabilidad penal por parte de los implicados.

“Lo que amerita en estas situaciones es que las autoridades tomen las leyes necesarias no solo para proteger los intereses de las personas, sino para implementar un proceso de desalojo que permita a las familias recuperar sus bienes de manera segura y reubicarse en otro lugar. Esto debió hacerse hace mucho para evitar que siga pasando en la actualidad a muchas familias”, puntualizaron.