Este jueves se llevará a cabo una reunión clave para definir el futuro de la intervención de la empresa Air-e. El agente interventor Edwin Palma sostendrá un encuentro con el el superintendente de Servicios Públicos, Libardo Yanod Márquez, para analizar el primer informe diagnóstico de la compañía, en el cual se exponen una serie de hallazgos sobre su manejo.
El anuncio fue hecho por el interventor Palma durante una audiencia con la Mesa Popular en Defensa de los Servicios Públicos sobre las problemáticas que rodean a la compañía que atiende a los usuarios en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
“La Superintendencia deberá tomar, en los próximos días, la decisión si se debe mantener la administración, si se va a proceder a liquidar la compañía, si se administrará con fines liquidatorios. Es una decisión que está en manos del superintendente”, dijo Palma.
En ese sentido, Palma expuso que en el Caribe colombiano subsiste un “problema estructural” como el de la energía, el cual tiene relación con las acciones de la clase política del país: “Estamos viviendo un dejavú, porque acá han operado varias empresas, han ido de lo público a lo privado, de lo privado a las intervenciones, de las intervenciones a las liquidaciones y el problema resiste”.
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Asimismo, defendió la intervención de la compañía debido a que “si no hubiese tenido lugar el 12 de septiembre, este departamento ya se hubiera apagado; se hubiera apagado en manos del sector privado, por un conflicto entre privados”.
Adelantan auditoría
El agente interventor también anunció que se hizo la contratación de una firma externa para que adelante una auditoría forense financiera. A eso se suma que la próxima semana se firme un convenio con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Estado para avanzar en este proceso.
“Es un esfuerzo importante de la compañía, porque no tenemos muchos recursos. Por eso pedimos a la comunidad, a la gente, que pague el servicio”, dijo.
Los hallazgos de la intervención
A través de un comunicado, la Agencia Interventora de la empresa Air-e reportó que entre los hallazgos se encuentran contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, constantes racionamientos de energía informados como “mantenimientos”, baja ejecución del plan de inversiones, pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica y deterioro en la calidad del servicio.
Con relación a los racionamientos de energía expuso que afectaron “fuertemente” a distintas comunidades y al sector productivo y derivó en afectaciones operativas de gran magnitud: “Se estableció una solicitud de consignaciones y descargos (interrupciones programadas) para un listado de circuitos determinado. Esta planificación, careció de justificación técnica y, por el contrario, era informado a los usuarios como mantenimientos y lavados en las redes de media tensión”.
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Agregó que dicha determinación ocasionó falsos ahorros operativos, así como disminución antitécnica de pérdidas energéticas y la desconexión y reconexión frecuente de circuitos comprometen la estabilidad de la red eléctrica generando costos adicionales en mantenimiento y gestión.
“Este fenómeno presentó múltiples implicaciones en la calidad del servicio de energía. Injustamente, los usuarios experimentaron cortes en el suministro energético con una falsa información previa, lo que generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico”, comentó el interventor Palma.
A esto se suma el impacto económico y social de sectores productivos y residenciales, los cuales enfrentaron limitaciones en sus actividades diarias, especialmente aquellos sin capacidad para implementar soluciones de respaldo como generadores o sistemas de almacenamiento.
