Un informe entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos reveló “graves hallazgos” en la empresa Air-e desde contratos no ejecutados hasta desorden en la contabilidad y “fuertes” racionamientos que eran anunciados como “mantenimientos”.
El agente Especial de Air-e Intervenida, Edwin Palma, dio a conocer este primer informe diagnóstico de la compañía con fines administrativos, el cual consta de 704 páginas.
El documento contiene, en ocho puntos principales, la consolidación de la situación de la compañía, sobre todas las áreas que la conforman, a la fecha de la toma de posesión por parte de la Superservicios el pasado 12 de septiembre de 2024.
Entre los hallazgos se encuentran contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, constantes racionamientos de energía informados como “mantenimientos”, baja ejecución del plan de inversiones, pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica y deterioro en la calidad del servicio.
Con respecto a la situación contable y financiera de la compañía, el informe concluye que ésta enfrenta un “deterioro patrimonial severo”, el cual se refleja en pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo. “Las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1.9 billones, sobre todo por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago”, se lee en la comunicación.
El agente interventor explica que es por esta razón que en cuatro años consecutivos de operación de Air-e, el resultado financiero acumulado no generó utilidad “lo que evidenció una incapacidad para generar los recursos necesarios que lograran garantizar la operación de la compañía. Día tras día la situación empeora por la alta exposición a bolsa que tiene la empresa desde la intervención y por los precios de la generación de energía en el mercado”.
Racionamientos de energía anunciados como “mantenimientos”
Otro de los hallazgos de la Agencia Especial son los racionamientos de energía que de acuerdo con el informe, se anunciaban como “mantenimientos” afectando fuertemente a distintas comunidades y al sector productivo y derivó en afectaciones operativas de gran magnitud.
La Agencia encontró que se estableció una solicitud de consignaciones y descargos (interrupciones programadas) para un listado de circuitos determinado. Esta planificación, careció de justificación técnica y, por el contrario, era informado a los usuarios como mantenimientos y lavados en las redes de media tensión, indica Palma en el documento.
Esta determinación ocasionó entre otros aspectos técnicos falsos ahorros operativos, la disminución antitécnica de pérdidas energéticas y la desconexión y reconexión frecuente de circuitos comprometen la estabilidad de la red eléctrica generando costos adicionales en mantenimiento y gestión.
“Este fenómeno presentó múltiples implicaciones en la calidad del servicio de energía. Injustamente, los usuarios experimentaron cortes en el suministro energético con una falsa información previa, lo que generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico”, comentó el interventor, Edwin Palma.
A esto se suma el impacto económico y social de sectores productivos y residenciales, los cuales enfrentaron limitaciones en sus actividades diarias, especialmente aquellos sin capacidad para implementar soluciones de respaldo como generadores o sistemas de almacenamiento.
Aspectos críticos jurídicos, regulatorios y mayorista
Otro de los aspectos que revela el informe es el incumplimiento en los pagos a los proveedores. “Hay un sinnúmero de acciones legales en contra de la compañía y, en especial, procesos ejecutivos de los cuales 21 están suspendidos por la intervención por un monto de $69.325 millones”.
Adicionalmente, se generaron intereses moratorios en los contratos de recaudo de alumbrado público con las alcaldías por la demora en el giro de los dineros que pagan los clientes por este concepto en las facturas. Los recursos debían ser entregados en un plazo no mayor a 45 días hábiles.
Por otra parte, ante los problemas financieros, se encontraron procesos de limitación de suministro en curso por el retraso en el pago de obligaciones a los diferentes agentes del mercado eléctrico.
También destaca que en el tercer trimestre del año 2024 se presentó un incremento en la exposición a bolsa debido al incumplimiento de los contratos de compra de energía por parte de Air-e, lo que la llevó a reducir su cobertura en contratos en un 50%. “Es de resaltar que este aumento en la exposición a bolsa ocurre en un momento donde el mercado que se transa en esta bolsa presentaba precios muy altos, lo cual agravó la sostenibilidad financiera”, indica el informe.
Además, el incumplimiento en el Plan de Inversiones aprobado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), para las vigencias 2023 y 2024, impacta negativamente el reconocimiento tarifario en el componente de Distribución (Componentes D) e imposibilita el reconocimiento de las pérdidas reales en el componente de pérdidas (Componente Pr).
En este sentido, como se incumplió la senda de pérdidas de 2024 que había sido acordada con la Creg, se suspenderá el reconocimiento del plan de pérdidas para el año 2025.
Ante esta situación, asegura el agente interventor en su informe, hay un grave riesgo para el cumplimiento en este plan, ya que, al no llegar a las metas de pérdidas fijadas durante dos años consecutivos, “la empresa tendría que devolver el dinero recibido a través de la tarifa para realizar actividades encaminadas a disminuir las pérdidas de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, suma que ronda los 400 mil millones de pesos”.
También encontraron en el diagnóstico contratos en los que la compañía se comprometió a generar energía que al final no pudo, con grandes consecuencias económicas y jurídicas por dicho incumplimiento.
Deterioro en la calidad del servicio de energía
Una de las principales consecuencias de la situación financiera de la compañía se ha visto reflejada en la baja ejecución del plan de inversiones durante las vigencias 2023 y 2024, lo que conllevó al
aumento de fallas técnicas y pérdidas de energía. Igualmente, también se afectaron los planes de mantenimiento preventivo, aumentando los costos operativos y la insatisfacción de los usuarios.
La gestión de proyectos muestra retrasos significativos debido a la insuficiencia de recursos y la falta de gestión para resolver las incidencias asociadas a su ejecución.
De enero a julio de 2023 y 2024, se presentó un incremento en la duración promedio de las interrupciones percibidas por los usuarios por las programaciones del llamado plan de gestión de la demanda (“mantenimientos”).
Esta situación ante el deterioro de la calidad en el servicio es tan compleja que fueron identificados incluso 29 usuarios con interrupciones superiores a 360 horas, en el periodo comprendido entre julio de 2023 y julio de 2024.
Aspectos críticos administrativos
Se lograron identificar altos riesgos laborales para la compañía que redundan en el clima laboral y la productividad, tales como tercerización desmedida, incumplimiento de obligaciones constitucionales, legales y convencionales y ruptura del diálogo social con trabajadores y sindicatos.
Hallazgos comerciales
Las deficiencias en el sistema de facturación, así como las “mediciones estimadas” indiscriminadas o el uso del sistema de totalizadores o “Padres e hijos”, como la violación de derechos fundamentales de los usuarios han generado insatisfacción y desconfianza por parte de ellos.
Los usuarios del mercado subnormal enfrentan retos como la falta de infraestructura eléctrica adecuada y la baja prioridad de la empresa en la atención al usuario, así como dificultades para acceder a programas de normalización de redes, agravado con el no uso de recursos públicos para avanzar en los programas de normalización eléctrica
La Agencia Especial encontró que la administración de la compañía, aparentemente sin razón legal, suspendió pagos a terceros que estaban obligada a ejecutar. Dichos pagos se han restablecido y se han superado diferencias penales, administrativas y judiciales con el operador del aseo, que reducen costos a la empresa intervenida.
La Agencia Especial consideró que la administración de la compañía consideraba los procesos de entrada de nueva energía renovable al sistema como una competencia y por ello, cientos de procesos de solicitudes de autogeneración estaban detenidos o mal tramitados.
El agente Especial, Edwin Palma comentó que, contrario a lo que hacía la compañía antes de la intervención, fortalecerá las políticas de creación y desarrollo de comunidades energéticas y la instalación de fuentes renovables de energía (principalmente solar), en seguimiento y en coordinación con las políticas lideradas por el Gobierno nacional y facilitará, acompañará y convertirá la compañía en una empresa que lidere la autogeneración o los procesos de normalización eléctrica con soluciones fotovoltaicas como mecanismo de reducir los precios de la energía en la Costa Caribe
Situación de gestión comunitaria
Para adelantar las tareas relacionadas con la reducción de pérdidas, el aumento del recaudo y las soluciones de autogeneración o normalización eléctrica la Agencia Especial identificó una ruptura entre la administración de la empresa y los usuarios. Problemas en el tratamiento de sus peticiones, quejas, reclamos. Respuestas inadecuadas a sus demandas, poco entendimiento en los procesos de normalización y baja dedicación a los temas de responsabilidad social empresarial, entre otros.
Aspectos tecnológicos y de sistemas de información
El ciberataque a todos los sistemas de la compañía días previos a la intervención ha afectado la capacidad operativa y de facturación, lo que agrava los problemas de liquidez y relacionamiento con clientes y terceros. Las limitaciones tecnológicas dificultan el cumplimiento de obligaciones regulatorias y operativas, poniendo en riesgo la continuidad del negocio. Por ello, la Agencia Especial, previa coordinación con la Superservicios, hizo su propia auditoria forense para ponerla a disposición de las autoridades y poder liberar los equipos con el propósito de normalizar todas las operaciones.
Además, se adelanta un estudio para el cambio y la modernización de todo el sistema informático.
Lo que sigue después de este informe
De acuerdo con el agente Especial, este informe servirá de insumo para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determine la modalidad de toma de posesión sobre la empresa, que incluye desde la administración temporal hasta la liquidación. Decisión que deberá tomarse en los próximos días y para ello se ha previsto una reunión informativa entre el Agente Especial y el señor Superintendente el próximo 9 de enero en la ciudad de Bogotá.
El Agente Especial además ha determinado solicitar a la Procuraduría General de la Nación el acompañamiento al proceso y a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiera UIAF y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República un acompañamiento a la auditoría forense que se ha dispuesto al sistema contable y financiero de la compañía.
El pasado mes de septiembre, el proceso de toma de posesión por parte del Gobierno nacional se determinó porque Air-e no contaba con la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para continuar prestando el servicio de energía a los habitantes de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Entre las principales acciones que trabaja la Agencia Especial está la estabilización del servicio eléctrico, iniciativas de transición energética y la implementación de tarifas justas para estos departamentos de la región Caribe.
