Las constantes tomas de las estaciones de peajes en las vías del departamento del Atlántico han generado preocupación en Autopistas del Caribe. Por tal motivo, la concesión aclaró que las casetas son legales y que habrá sanciones a quienes incurran en cualquier tipo de acción que comprometa la integridad de los mismos.
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“Las estaciones de peaje, incluyendo las de Sabanagrande y Turbaco, son legales y están respaldadas por el contrato de concesión 002 de 2021 y la Resolución 20213040028355 del 7 de julio de 2021 de Mintransporte. A pesar de los intentos de desinformación por parte de ciertos grupos que insisten en cuestionar su validez, no hay evidencia de irregularidades de ninguna índole. Este proyecto es legal, está alineado con la normativa colombiana y responde a una necesidad urgente de mejorar la conectividad entre las dos principales ciudades de la región Caribe”, se lee en la misiva.
De igual manera, en el documento se hizo énfasis en que las tomas de los peajes y las amenazas contra los usuarios de la vía se constituyen en un delito: " Desde el 6 de diciembre de 2024, la estación de peaje de Sabanagrande ha sido ocupada por grupos que han intimidado y agredido al personal. Queremos recordar a los usuarios que la evasión del peaje está regulada por la Ley 769 de 2022, y quienes incurran en esta infracción podrían enfrentar sanciones equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV)”.
Seguidamente, mencionó que “las protestas anunciadas para el 18 de enero son un error garrafal” que pone en peligro el desarrollo de Bolívar y Atlántico, porque bloquear este proyecto, esencial para la conectividad, el empleo y el progreso de la región, solo generará retroceso y afectará a miles de colombianos. Los líderes que insisten en esta acción están tomando un camino equivocado, perjudicando a las comunidades que dicen representar. La región necesita este proyecto para avanzar y cualquier intento de bloquearlo solo profundizará los problemas que ya enfrentamos”.
En ese sentido, la concesión informó que las actividades preliminares para la construcción del peaje de Arroyo de Piedra cuentan con el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la C.R.A, y que no se requiere de licencia ambiental para la continuidad del proyecto.
En cuanto al caso del peaje de Sabanagrande, Autopistas del Caribe mencionó que la concesionario no podrá cumplir con las obligaciones relacionadas con la obligación contractual de acreditar un cierre financiero mientras haya factores externos que perjudiquen la implementación del cobro en las categorías 1 y 2 del peaje en Turbaco.
“Actualmente, el contrato se encuentra bajo la ANI tiene reconocido un Evento Eximente de Responsabilidad (EER) que suspende temporalmente ciertas obligaciones del concesionario. Es importante destacar que el cierre financiero es esencial para la continuidad del proyecto y depende de la resolución de estas dificultades externas”, indicó.
Adicionalmente, señaló que esta caseta cuenta con una tarifa diferencial que beneficia a más de 10.851 personas de las comunidades vecinas, mientras que “en el peaje de Turbaco, el Gobierno Nacional propuso una tarifa diferencial de $1.500 para vehículos de Categoría I y $2.000 para vehículos de Categoría II, la cual ha sido rechazada por el Comité No Mas Peaje sin contar con la opinión de los verdaderos usuarios de la vía”.
Rectificó que no es cierto que el próximo 21 de enero el concesionario deba acreditar el cierre financiero del peaje de Sabanagrande y mucho menos cierto que el contrato se deba liquidar.
“La liquidación anticipada del contrato, impulsada por quienes buscan obtener beneficios políticos a costa de la región, generaría un daño irreparable para su competitividad. La historia nos ha demostrado que la liquidación de proyectos de esta magnitud resulta en desempleo masivo, ausencia de inversión social y ambiental, y la pérdida de infraestructuras claves para la región. Además, el país tendría que asumir pagos billonarios derivados de la ruptura de contratos, lo que afectaría la estabilidad económica y social”, dijo.
Es de anotar que hasta ahora se han llevado más de 20 jornadas de diálogo para evitar la liquidación del proyecto.
