El agente interventor de Air-e, Edwin Palma, le solicitó al nuevo procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, que adelante gestiones desde la Procuraduría para que los funcionarios que representan a las entidades oficiales, que tienen millonarias deudas por concepto de energía, den ejemplo y cumplan con su deber de pagar el servicio que le han prestado.
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En carta enviada al recién posesionado procurador, Air-e le relaciona la ficha técnica con los diez de los usuarios oficiales morosos que se encuentran en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena en donde la empresa presta el servicio de energía.
La información también detalla a la ubicación, categoría y actividad. Asimismo la cantidad de facturas en mora, y la deuda a corte del 30 de diciembre de 2024, los cuales serían en principio objeto de las acciones disciplinarias y fiscales que adelantará Air-e.
Palma le manifiesta al procurador Eljach que luego de la toma de posesión de la empresa Air-e bajo la modalidad de administración temporal con fines liquidatorios, tal como lo dispuso la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, evidenciaron un “importante deterioro financiero”, en donde jugó un papel importante la cartera en mora de los usuarios.
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Explica en la misiva, que los registros contables dan cuenta que la cartera total en mora de las entidades oficiales supera a la fecha los $94 mil millones, “lo que impacta considerablemente el flujo de caja de Air-e y demanda un esfuerzo adicional por parte de la misma Empresa y del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios” para garantizar la operación y el cumplimiento de las obligaciones con los agentes del mercado, con el objeto de garantizar la prestación continua del servicio, objetivo fundamental de la toma de posesión.
El agente interventor, enfatiza que son funcionarios públicos los que deben dar ejemplo. “La mora en el pago de la energía por parte de los usuarios oficiales resulta especialmente grave, puesto que los funcionarios públicos representan a los distintos estamentos del Estado y, en tal sentido, deben servir de ejemplo a la comunidad y a los demás usuarios para el cumplimiento de la Ley, representado en nuestro caso en el pago oportuno de la energía eléctrica que se suministra”, sostuvo.
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Palma reitera que la mayor parte de la cartera está concentrada en lo que la Corte Constitucional denominó “Bienes Constitucionalmente Protegidos”, sobre los cuales no es viable la suspensión o el corte del servicio de energía, lo cual es estrictamente acatado por esta Agencia Especial.
Sin embargo, expresa que desafortunadamente en estos casos esta protección constitucional es empleada por los funcionarios para “incumplir con su obligación de pago”.
En ese sentido, hace referencia a los artículos 12 de la Ley 142 de 1994 y 49 de la Ley 143 de 1994, que contempla la sanción de destitución para los representantes de las entidades oficiales que “incumplan el deber de presupuestar y cancelar el servicio de energía, sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal que puedan corresponderles, ya que por disposición de estas misma normas el impago de la factura de energía se considera una conducta grave, la cual atenta contra el principio de solidaridad que, entre otros, exige que cada usuario asuma las cargas razonables que le son propias en virtud de la Constitución, la ley y el contrato respectivo”, se lee en la comunicación.
Adicionalmente, asegura, que la posibilidad de una efectiva prestación del servicio de energía está condicionada a la viabilidad financiera, de tal forma que la reiteración de prácticas ilegales como abstenerse de cancelar la factura contribuye a su afectación, lo que en términos del artículo 365 de la Constitución también vulnera la finalidad social del Estado.
Los deudores
De acuerdo con la empresa Air-e, la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA) les adeuda $13.253 millones por concepto de 147 facturas vencidas. Le sigue el Distrito de Barranquilla con una cartera total de 5.345 millones, correspondientes a cuatro cuentas.
A su turno, la Alcaldía de Sabanalarga tiene tres cuentas pendientes por el orden de $2.931 millones. Por su parte, la Alcaldía de Soledad adeuda 1.693 millones, así como el acueducto de Suan tiene una deuda por cerca de 1.331 millones de pesos.
En Santa Lucía, el hospital tiene una facturación por el orden de $1.194 millones y la administración de Ponedera no les ha cancelado $1.142 millones, que se suman a los $1.035 millones del hospital de este municipio.
En ese sentido, la deuda en el Atlántico asciende a $30.027 millones, mientras que en La Guajira corresponde a $12.424 millones y $20.118 millones del departamento de Magdalena.
Finalmente, el agente interventor, le manifiesta al procurador, que están atentos y a disposición para la información que requiera la Procuraduría General de la Nación para avanzar mesas de trabajo efectivas e “instar” a los funcionarios oficiales que representan a las entidades mencionadas en el anexo al cumplimiento de sus deberes, para definir acciones y superar la problemática.
