El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Barranquilla admitió la acción de tutela que fue presentada por el congresista Gersel Pérez y las comunidades étnicas del departamento en contra del cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
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A través de esta acción judicial se busca la protección de los derechos fundamentales de dichas comunidades, teniendo en cuenta la omisión de la realización de una consulta previa para implementar dicho proceso.
“Esta admisión de tutela representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de nuestras comunidades étnicas. La omisión de la realización de la consulta previa como derecho fundamental y desarrollado en la Ley 21 de 1991, no solo vulnera un derecho esencial, sino que también debilita la participación activa y la autodeterminación de nuestras comunidades”, aseguró el representante a la Cámara por el Atlántico.
Las entidades accionadas –entre las cuales se encuentran el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Étnicos, Invías y la ANI– tienen un plazo de 2 días para responder los hechos expuestos en la tutela.
Posterior a ello, en un término no superior a 10 días, el juez deberá tomar una decisión de fondo al respecto.
Cabe recordar que, en el escrito de tutela se solicitó la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y rom de los territorios del área de influencia de la valorización de esta vía.
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Igualmente, se solicitó la suspensión de una serie de resoluciones hasta que se realice la consulta previa con las comunidades étnicas asentadas en las zonas de influencia del Proyecto Cartagena-Barranquilla y Circunvalar la Prosperidad.
“Agradezco a las comunidades indígenas y afrocolombianas por su valentía y perseverancia en la defensa de sus derechos, y a las entidades judiciales por escuchar y actuar con coherencia. Una vez más reafirmamos que el gobierno nacional desconoce la población de nuestras comunidades. Esperamos pronta respuesta por parte de las entidades,” recalcó el representante Pérez.
