La inminente parálisis del sector constructor a causa de la deuda por un billón de pesos por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) a constructores, consultores e interventores de obras tendría un fuerte impacto para el Caribe colombiano.
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Al menos ocho proyectos claves para la región estarían en riesgo de ceses debido a esta situación, que ha sido evidenciada desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI).
De acuerdo con Héctor Carbonell, director Ejecutivo de la regional Norte de la CCI, la mayor afectación se registraría por parte del proyecto conexión puente Pumarejo – Ciénaga y viaductos, que tiene un valor de $657 mil millones.
A eso se suma la iniciativa de conexión en la Alta Guajira: Uribia – Puerto Bolívar – Puerto Estrella – Vías Wayú – Cabo de la Vela – San Martín, que tiene un valor de $208 mil millones, así como la variante Magangué y transversal Momposina (Puerta del Hierro – El Burro), que contempla intervenciones en Bolívar, Magdalena y Cesar por el orden de $221 millones.
Otro de los proyectos impactados corresponde al corredor Santa Lucía – Moñitos, en el departamento de Córdoba, con un valor de $178 mil millones.
“Otros proyectos viales que podrían paralizarse son Puente Ayapel - Pueblo Nuevo, en Córdoba; Barranquilla - Puerto Colombia, en Atlántico; Transversal del Sur, en Bolívar; y Mompox – Pinillos, también en este último departamento, obra incluida en el programa Colombia-Avanza”, aseguró el líder gremial.
Evidenció que son una serie de iniciativas de gran relevancia para la conectividad y el desarrollo de las comunidades de la región: “Hacen parte del banco de proyecto que el mismo Gobierno ha venido promoviendo”.
El líder gremial agregó que en el barrido realizado por la región también se identificaron problemas con los pagos por parte de otras entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Ministerio de Vivienda, así como algunas gobernaciones y alcaldías.
“No solo impactan al sector de la infraestructura, sino que también ponen en riesgo a proyectos de servicios públicos”, enfatizó Carbonell.
Panorama nacional
A nivel nacional, las deudas de Invías superan el billón de pesos y corresponde a obras que ya fueron ejecutadas.
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En ese sentido, la situación actual conllevaría a un impacto negativo para proveedores de esas firmas y un “significativo” número de trabajadores de las regiones, teniendo en cuenta que el sector de la infraestructura genera empleo directo, indirecto e inducido, así como dinamiza a servicios complementarios como restaurantes, hoteles y otras fuentes de ocupación.
Juan Martín Caicedo, presidente Ejecutivo de la CCI, puso de presente las “gravísimas consecuencias” que ya está acarreando el no pago de un billón de pesos a contratistas por parte del Invías.
“Esta deuda puntualmente afecta 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional. los proyectos que mayor afectación tendrían -de no efectuarse el pago de manera inmediata- serían aquellos que este gobierno ha identificado como prioritarios y estratégicos”, dijo Caicedo.
Asimismo, recalcó que “hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional a que se adopte un plan de choque para el pago inmediato del adeudado con corte a 31 de diciembre de 2024 y se garantice un flujo de caja para las obras que se ejecuten en la presente vigencia”.
Posibles soluciones
Desde la CCI se ha planteado hacer una sustitución de fuente, que permita utilizar el medio billón de pesos que Invías ha recogido en un fondo manejado por Fiduprevisora, provenientes de los excedentes de contratos de concesión que han finalizado y destinados por el Gobierno nacional a futuro para ejecución de obra pública.
“La propuesta es retrasar esa ejecución mientras el Ministerio de Hacienda consigue flujo de caja, y con esos recursos más los $100.000 millones que tiene el Invías para atender esas obligaciones, reunir una bolsa de $600.000 millones para pagar buena parte de las deudas. Para canalizar esos recursos validar ese camino, se debe revisar su viabilidad a la luz de la ley presupuestal”, se explicó desde el gremio.
