El agente interventor de la empresa Air-e, Edwin Palma, dio a conocer este jueves que la posible compra de la compañía por parte del Gobierno nacional se baraja como una posibilidad para evitar su entrega a los accionistas ante los “graves hallazgos” a nivel operativo, financiero y técnico en medio del proceso de intervención.
“Esta compañía no será devuelta a los dueños. Esa sí es una decisión política que está tomada”, sostuvo Palma en medio de una visita a la sede administrativa y oficinas comerciales de Air-e Intervenida en Santa Marta.
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Palma también agregó que se avanza en la consolidación de una serie de escenarios para el futuro de la compañía, en el marco de la administración temporal adoptada por la Superservicios en el marco de la intervención con fines liquidatorios.
“No sabemos qué va a pasar con la compañía, si va a entrar en liquidación, si la vamos a vender, si la va a comprar el Estado. El presidente dice que evaluemos la posibilidad de que la compremos. Estamos en la construcción de lo que se llama la solución empresarial”, expuso.
En ese sentido, el interventor explicó que se hará una convocatoria pública. “Para ver quién nos ayuda a construir esa solución empresarial y, al final, construir dos o tres salidas y llevar al señor presidente”.
Asimismo, Palma les solicitó compromiso con los usuarios a los diferentes equipos de trabajo de la compañía, con el fin de atender y solucionar oportunamente sus necesidades para así generar confianza y optimizar la prestación de un servicio público esencial, como lo es la energía.
Pacto con los usuarios
Posteriormente, el agente interventor adelantó la firma del ‘Gran Pacto con la Comunidad para la Calidad Eléctrica y el Bienestar de los Usuarios de Air-e’ como parte del lanzamiento oficial de la estrategia ‘Air-e a la Calle’.
Por medio de dicho plan se busca generar confianza y optimizar la atención de requerimientos y solicitudes para un 1.3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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“Hay que restablecer ese pacto que debe tener cualquier empresa de servicios públicos con los usuarios que son su razón de ser. Por eso, hemos suscrito este pacto para, simbólicamente, comprometernos en mejorar la prestación del servicio, en trabajar en la reducción de tarifas y en hacer un ambicioso plan de transición energética”, sostuvo Palma.
Además, reiteró la importancia de hacer un uso responsable y eficiente de la energía eléctrica por parte de los usuarios en los tres departamentos.
“Le pedimos a la ciudadanía que pague su factura, que se acerque a la compañía a hacer acuerdos de pago con nuestros colaboradores y que conviertan un círculo vicioso en un círculo virtuoso”, dijo el interventor.
Acciones implementadas
Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos definiera que la intervención de la empresa Air-e sería con fines liquidatorios, el interventor Palma y el Gobierno nacional han avanzado en la consolidación de una hoja de ruta para garantizar la prestación del servicio de energía.
Junto al Ministerio de Hacienda se estableció un plan de choque que incluye certificaciones de subsidios de energía que llegan a los cerca de $300 mil millones y recursos por $100 mil millones para garantizar la compra de energía.
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Desde la compañía también se avanza en la planificación y puesta en marcha del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), así como la implementación de soluciones fotovoltaicas y autogeneración de energías limpias.
Usuarios respaldan que el Gobierno siga al frente de la compañía
Norman Alarcón Rodas, coordinador en el Caribe de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, sostuvo que la mejor solución es que el Gobierno mantenga a futuro el control y administración de la empresa Air-e.
“Es el único que tiene el músculo financiero para realizar las cuantiosas inversiones requeridas, la compra de energía, pago de proveedores y operarios que alcanzan sumas multimillonarias. Sería una forma de que la región Caribe sea resarcida por el abandono estatal de tantas décadas”, aseguró.
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Alarcón agregó que “cuando se alcance una estabilización de la empresa, se podría avanzar a constituir una compañía pública de carácter regional con el concurso de las entidades territoriales y las regalías mineras”.
El líder de los usuarios fue enfático al hacer un llamado a la Creg y al Gobierno para que se derogue el régimen especial tarifario que se implementó para el Caribe colombiano, así como se cumpla con el pago de la opción tarifaria.
