El Tribunal Administrativo del Atlántico dio inicio al proceso de pruebas en el marco de la acción popular que fue presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el funcionamiento del peaje Papiros.
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De acuerdo con el tribunal, en el marco de esta fase de pedirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que remita un “informe detallado” de los siniestros viales que se han presentado dentro del rango de un kilómetro antes y después de dicha caseta.
También se requirió al alcalde de Puerto Colombia para que presente un informe sobre el impacto socio-económico del peaje con relación al turismo y otros segmentos económicos del municipio. Además, el alcalde Plinio Cedeño deberá rendir testimonio sobre los hechos de la demanda y de la posición de la entidad territorial en relación al funcionamiento del mismo.
A la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico y la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico les requirieron un informe en el que detallen las mesas de trabajo llevadas a cabo entre las autoridades, comunidad y contratista.
A su turno, al Invías se le ha solicitado que se detalle las conclusiones respecto de la ubicación de la báscula de pesaje, así como alternativas viables para su reubicación y demás asuntos referidos a la seguridad vial en inmediaciones de la caseta de control.
El Tribunal citó a los ciudadanos William Álvarez, Eduardo Munarriz, Inés Aragón y Rosemberg Cueto a una audiencia virtual para que “depongan acerca de los hechos de la demanda y en especial acerca del conocimiento que tengan respecto de la problemática derivada de la caseta”.
Al Ministerio de Transporte, la ANI, la ANSV e Invías, así como a la Gobernación del Atlántico, el municipio de Puerto Colombia y la concesión Ruta Costera, el tribunal les pidió –a través de un auto con firma del magistrado Óscar Wilches– que “tengan como pruebas todos y cada uno de los documentos aportados con la contestación de la demanda, con el valor probatorio que en su oportunidad corresponda otorgarles”.
Las motivaciones de la acción popular
La acción popular fue presentada en julio del año anterior por la Procuraduría General de la Nación con el fin de suspender la reanudación del cobro de la tarifa, teniendo en cuenta la compleja situación de orden público que se vivió en ese momento.
En ese sentido, la acción popular liderada por el Ministerio Público también contempla la reubicación de la caseta de peaje y de la báscula de pesaje, “ya que estas amenazan la seguridad de los usuarios de la vía” entre Puerto Colombia y Barranquilla.
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