Hace pocas horas se dio a conocer el fallo de primera estancia mediante el cual la Procuraduría General de la Nación (PGN) suspendió de sus cargos a 19 concejales del Barranquilla el periodo anterior 2020-2023, ante lo que habría sido una actuación irregular en la elección de una personera encargada que no haría cumplido los requisitos de ley, basándose en una interpretación equivocada de la normativa.
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Según el documento, se procedió por el despacho a proferir fallo de primera instancia, de conformidad lo dispuesto por el artículo 225F de la Ley 1952 de 2019, respecto de la responsabilidad disciplinaria de los concejales:
Fredy Barón (Partido Liberal), Heidy Barrera (Partido de la U), Leyton Barrios (Cambio Radical), Zamir Benavides (Cambio Radical), Antonio Bohórquez (Polo Democrático), Ernesto Crissien (Partido de la U), Julio Álvarez (Centro Democrático), y Oswaldo Díaz (Cambio Radical, investigación archivada por fallecimiento).
Así como también a Richard Fernández (liberal), Juan Camilo Fuentes (conservador), María Henríquez (Cambio Radical), Samuel Marino (Conservador), Andrés Rengifo (Partido Verde), Juan Carlos Ospino (Partido de la U), Recer Lee Pérez (Polo Democrático), Samir Radi (Cambio Radical), Andrés Ortiz (conservador), José Trocha (Cambio Radical) y Mauricio Villafañez (liberal).
Ellos, según en su momento señaló la PGN, “en su condición de concejales del Distrito de Barranquilla para el periodo constitucional de 2020 a 2023, en sesiones plenarias de 27 y 28 de febrero de 2020, eligieron y posesionaron a la señora Angélica María Ávila Goldarfb en el cargo de Personera Distrital en encargo, a sabiendas que no está acreditado el cumplimiento de las exigencias legales establecidas en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 151 de 2012, toda vez que la señora Ávila Goldarfb no tenía título de posgrado alguno”.
En ese sentido, tras un largo proceso de investigación, se llegó al fallo definitivo de la situación, por el cual dichos concejales fueron sancionados en primera instancia “al encontrarse probada la falta disciplinaria grave a título de dolo” con seis meses de suspensión para 17 de ellos, a excepción de Juan Carlos Villafañe, a quien se le impuso sanción de ocho meses y de Oswaldo Díaz, quien falleció durante el proceso.
Esto, teniendo en cuenta que caben los recursos de ley para tratar de reversar la situación.
Cabe destacar, que algunos de los concejales del ejercicio anterior ya no siguieron en la corporación para el actual periodo, como es el caso de Juan Carlos Ospino, quien ahora es secretario de cultura de la administración Distrital.
“La doctora Ángelica contaba en su hoja de vida con los requisitos, pero además de ello habíamos revisado toda la documentación entres momentos: primero en la la evaluación que hizo la Universidad de la Costa donde la doctora Ángelica resultó primera; segundo: en la certificación de organigrama que nos entregó la Comisión del Servicio Civil y tercero: en la hoja de vida que ella entregó en el Concejo de Barranquilla había una acreditación de a Universidad Externado de Colombia, donde demostraba que había terminado sus estudios de posgrado”, dijo Ospino al ser consultado por EL HERALDO.
“Pero como quiera que el doctor Oscar David Galán, concejal de ese entonces, dejó una constancia diciendo a que a u consideración y criterio jurídico no llenaba os requisitos porque no se había graduado, eso indujo a una investigación. Hoy estamos dentro del litigio”, resumió para este medio el hoy secretario de cultura del Distrito.
Otra de las que hizo llegar su voz a este medio fue Heidy Barraza, quien en la acutalidad hace parte de la corporación.
“Es una decisión de primera instancia, no está ejecutoriada. El orden legal garantiza la doble conformidad, toda decisión es supceptible de seer revisida por su superior. Estoy notificada y enterada y a disposición de los abogados para los asuntos pertinentes”, puntualizó sin dar más detalles.
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Sea como fuere, Ospino y los otros concejales presentarán los recursos del caso para seguir con la discusión jurídica en torno a este tema, y elevar la discusión hasta las instancias finales.
