La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional norte señaló sus preocupaciones ante el decreto del Gobierno nacional que suspendió una serie de inversiones estatales, entre esas las vigencias futuras con las cuales se iba a financiar el megaproyecto del Canal del Dique, que impactará en miles de personas, además de la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de Barbacoas.
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En un largo comunicado, de cinco puntos, la entidad dio sus comentarios a nombre del gremio que maneja la infraestructura, sobre el Decreto 0069 del pasado 24 de enero emitido desde el Ministerio de Hacienda que establece que el aplazamiento de las apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025 que respalden compromisos y obligaciones adquiridas con cargo a vigencias futuras será aplicable a aquellas que cumplan por lo menos una de las dos condiciones necesarias:
a) Cuando por mutuo acuerdo entre las partes que hayan suscrito el contrato amparado con las correspondientes vigencias futuras cada uno de los sectores responsables decidan reprogramarlas.
b) Cuando no se atiendan por parte de los contratistas, las fechas establecidas en los cronogramas de entrega de bienes y servicios de la Nación, previo concepto de evaluación contractual, financiera, técnica y jurídica del sector responsable
Sobre eso, señalan que “hasta el momento ninguna de esas dos condiciones se cumple en cuanto al proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, por lo que no puede asegurarse que con la sola expedición del decreto se aplazan las vigencias futuras que respaldan el cumplimiento de las obligaciones de pago de la Agencia Nacional de Infraestructura con el contratista Sacyr Concesiones”.
Entre tanto, “el eventual aplazamiento de las vigencias futuras que respaldan el financiamiento del proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, solamente se podrán dar por mutuo acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura con el contratista Sacyr Concesiones y por el monto que definan las dos partes”, apuntó.
“De lograrse el acuerdo antes planteado, deben garantizarse los desembolsos de los pagos de la ANI al contratista para: las labores de dragado del Canal del Dique y de reparación y mantenimiento de la infraestructura que encausa las aguas y que tienen como objetivo evitar el riesgo de inundaciones en las poblaciones localizadas en su zona de influencia y el desembolso para la realización del estudio de impacto ambiental que le solicitó el Ministerio de Ambiente al contratista y que debe pagar la Agencia Nacional de Infraestructura”, explicó.
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Finalmente, hizo un llamado y, además una alerta, sobre lo importante y fundamental para los ecosistemas del Canal del Dique la realización de este proyecto, que impactará en poblaciones de Bolívar, Atlántico y Sucre.
“La restauración del Canal del Dique es una inversión necesaria para la protección de vidas humanas al evitar los riesgos de inundaciones; reducir la descarga de sedimentos que afecta la conservación de las ciénagas existentes, la Bahía de Cartagena y el Parque Natural Islas del Rosario; y el desarrollo sostenible de la región Caribe. Por ello, la celeridad en su ejecución es fundamental, máxime cuando ya tiene un retraso de dos años en su cronograma de ejecución por razones ajenas al contratista”, cerró.
