La determinación tomada por el Gobierno nacional de suspender la inversión para el proyecto de recuperación del Canal del Dique ha conmocionado al sector político y gremial de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre tras el impacto ambiental, social y económico que generará esta decisión.
El gobernador del departamento de Bolívar, Yamil Arana, fue uno de los primeros en alzar su voz, a través de sus redes sociales, en contra de la reciente decisión, afirmando que, para el caso de su departamento, la devastación ambiental, económica y el riesgo de inundación serían inminentes.
“Suspender la inversión de $700 mil millones en el proyecto de recuperación del Canal del Dique es condenar a la bahía de Cartagena, a la ciénaga de Barbacoas y a todas las poblaciones por las que atraviesa este cuerpo de agua a seguir padeciendo por muchas décadas más. Miles de caribeños en riesgo de inundaciones, atraso socioeconómico y contaminación”, reclamó Arana.
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A su turno, el senador Jorge Benedetti expresó su decepción por la suspensión de los recursos que habían sido destinados a un proyecto ambiental que beneficiaría a la región Caribe.
Sostuvo, además, que los retrasos impuestos desde el inicio podrían llevar a demandas en contra del Estado por incumplimiento de contrato, lo que a la larga podría costar más dinero a los colombianos.
El senador Carlos Meisel también destacó las consecuencias negativas que se ocasionarán para las comunidades de los tres departamentos de los 19 municipios que recorre el Canal del Dique.
“El proyecto de estaba listo, firmado y financiado con recursos que no eran públicos. Desde que llegó el gobierno Petro no ha hecho otra cosa que torpedearlo, alegando unas consecuencias ambientales en una isla a 300 kilómetros de la obra que nadie todavía ha comprobado”, expresó Meisel.
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Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, afirmó que es necesario que el gobierno garantice la financiación del proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, aún en medio del aplazamiento de $12 billones del Presupuesto de 2025 decretado por el Ministerio de Hacienda, para asegurar el pago de las obras de dragado y mantenimiento de la estructura que ejecuta permanentemente el contratista . “Debe garantizarse el desembolso para la realización del estudio de impacto ambiental que, aunque debe hacer el contratista, lo tiene que pagar la ANI”.
Cabe mencionar que el macroproyecto consiste en la definición y ejecución de un Plan de Manejo Hidrosedimentológico para la restauración de los ecosistemas degradados. Este se compone de cuatro componentes: estructuración y gestión, estudios y diseños, obras para disminuir el riesgo de inundación en 12 centros poblados, 2 tramos viales y 1 punto crítico; de igual manera incluye obras de esclusas y compuertas.
